La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó en Managua una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, “se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial”, informó el Legislativo nicaragüense en una declaración. Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.

Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República “con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad mercantil”.

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