La reconfiguración del narcotráfico en Bolivia pone al país como "productor y exportador" y tiene en la mira a varias instituciones del Gobierno, al que desde el propio oficialismo se le acusa de "proteger" a los narcos, mientras analistas señalan que el aparato estatal está "impregnado" por carteles de la droga.

"Hasta 2019, fuimos calificados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y Naciones Unidas como país de tránsito (de cocaína), pero en la última recalificación que nos han hecho nos hemos convertido en país productor y exportador", dijo a EFE Carlos Romero, exministro de Evo Morales (2006-2019).

En 2017, el Gobierno de Morales aprobó una ley para el aumento de los cultivos de hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, medida que aún es cuestionada dentro y fuera de Bolivia por las "dudas" que hay frente al destino real de la producción de esa planta, cuyo consumo en el país cultural y medicinal.

El debate sobre si el país es de tránsito o productor y exportador de cocaína se hizo más evidente tras el hallazgo de casi media tonelada de droga que llegó a España en un vuelo de la aerolínea estatal de Bolivia y la búsqueda sin éxito del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien desde la clandestinidad dijo que logró escapar con ayuda de líderes de la Policía.

Para Romero, durante la Administración de Arce se ha llegado a una "situación extrema" con la "penetración del narcotráfico en varias reparticiones del Estado (ministerios y Justicia) y del sistema político", como quedó en evidencia con Marset que tiene "sus propios operadores en el área de seguridad del Estado".

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Esta semana, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, presentó un "mapa del narcotráfico" en el que señaló que la mayoría de los laboratorios de cocaína están en el Trópico de Cochabamba, región de la que Morales es el líder del sindicato de los cocaleros, uno de los más grandes del país.

Del Castillo, uno de los funcionarios que desde el oficialismo y la oposición se le responsabiliza por la "deficiente" lucha antidrogas, informó que este año se han incautado 14,9 toneladas de cocaína, se destruyeron 29 laboratorios y 406 fábricas, cifras aún parciales que en algunos casos superan los resultados de 2021 y 2022.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo a EFE que el narcotráfico utiliza a Bolivia como "puente para el tránsito de droga" y aunque admitió que "existe cultivo (de hojas de coca) y producción (de cocaína)" señaló que es simplemente "una pequeña producción" en comparación al trasiego de droga que llega desde Perú.

Aguilera negó que el narcotráfico haya "penetrado" al Estado y son solo algunas "personas" de las instituciones públicas involucradas con esta actividad ilegal y reiteró que existe mucha "seriedad en los actos administrativos".

El viceministro también aseguró que en Bolivia "no existen" carteles de narcotraficantes, ya que las organizaciones locales carecen de las "características" de esas estructuras, como la operación a gran escala o el control total de la producción y el territorio.

Además, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que hay una "coincidencia" con países como Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay de "regionalizar" la lucha antidrogas y lograr operativos "exitosos".

Entre las razones por las que se considera que Bolivia pasó de ser un país de tránsito a productor y exportador de cocaína están fallos en la Justicia, una frontera amplia y vulnerable que facilita el contrabando o el narcotráfico.

En declaraciones a EFE, el analista Roger Cortés mencionó que la geografía de Bolivia "está atrayendo la presencia de los grandes grupos" narcotraficantes y, además, el país es un "productor de clorhidrato (de cocaína)", su forma más pura.

Según Cortés, la Policía Boliviana está "muy permeada por el narcotráfico" a lo que se suma que el Ejecutivo ha convertido a jueces y fiscales en su "Policía política" al pedirles únicamente que "capturen y persigan a sus críticos", lo que ha generado una especie de "carta blanca" para la "impregnación" de esa actividad ilegal en el aparato estatal.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en el informe anual que presentó a finales de noviembre del año pasado que los cultivos de hojas de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.

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