En medio de una semana marcada por el debate parlamentario de la 'ley ómnibus', proyecto estrella del Ejecutivo argentino, muchos colectivos que sostienen comedores sociales se manifestaron este jueves 1 de febrero de 2024 ante supermercados del país contra los escasos recursos de los que disponen, denuncian, desde que Javier Milei es presidente.

Argentina cerró 2023 con un índice de precios al consumidor (IPC) del 211,4 %, la inflación más alta del mundo, por detrás del Líbano y Venezuela, pero el sector 'alimentos y bebidas no alcohólicas' superó con mucho esa cifra alcanzando un 251,3 %.

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Además, más de un 40 % de la población se encuentra en situación de pobreza, por lo que la asistencia social y el auxilio en este tipo de espacios se torna mucho más importante.

Gabriela Belloni, referente de la agrupación Somos Barrios de Pie-Tres de Febrero (nombre de una de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires), lideró este jueves una de las protestas pacíficas en la puerta del supermercado Coto, una de las empresas de distribución alimentarias más importantes de Argentina.

La activista explicó a EFE que es "imposible" sostener a tantas familias y no pueden seguir abriendo las puertas de los comedores y, al no tener una respuesta del Gobierno nacional, no les queda otra opción que pedir donaciones a empresas privadas, como esta.

El lugar elegido para estas concentraciones no es al azar, ya que aparte de exponer sus demandas ante el Ministerio de Capital Humano, del que depende la asistencia social, otros grupos acudieron a las puertas de tiendas como esta cadena de supermercados, una imagen muy simbólica, ya que en 2001, en medio de una terrible crisis económica que asoló la nación, hubo diversos saqueos en sus sedes.

Amalia Suárez, responsable de la acción social Movimiento Evita -una agrupación política de ideología peronista, nacional, popular y revolucionaria-, expuso a EFE que su único objetivo es que se escuchen los reproches de los afectados.

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"Estamos acá para entregar un petitorio a todos los supermercados, también pidiendo que la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello nos escuche y sepa la crisis que estamos pasando en los barrios. No llegan alimentos, no se está ejecutando el presupuesto nacional que está destinado a esto; no es que no hay plata, es que está el presupuesto inmovilizado", declaró.

SIN INTERMEDIARIOS

El Ejecutivo de Milei anunció recientemente la auditoría a los comedores registrados para luchar contra la "discrecionalidad, compras que no se entienden bien y cuestiones que estamos dispuestos a cambiar", explicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, días atrás.

"Va a haber un método innovador para que las ayudas lleguen a quienes correspondan", agregó, sin especificar más detalles, aunque sí reiteró la lucha del Gobierno por "evitar que existan negocios con la pobreza".

En ese sentido, Román Buccino, miembro del secretariado general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), fue bastante contundente hoy sobre la postura del Ejecutivo.

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"Hay un relato de que ellos (el Gobierno) quiere terminar con el intermediario en los repartos, y con lo único con lo que están terminando es con un montón de familias argentinas que no tienen nada para comer", dijo a EFE y explicó que no existe una política alimentaria desde la asunción de Milei, algo que nunca había pasado en Argentina.

En ese sentido, comparó la situación actual con la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y argumentó: "Antes daba respuestas con respecto a las situaciones sociales de vulnerabilidad, pero este Gobierno directamente dice que no va a dar una respuesta a esta emergencia".

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