La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió perdón este viernes 28 de julio en nombre del Estado por los 77 fallecidos en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre y marzo pasados.

La mandataria anunció que su Gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y propuso un pacto social de reconciliación y paz.

"Declaro nuevamente y con mucho dolor que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares ", dijo Boluarte en un discurso ante el Congreso.

La gobernante dio en el Legislativo el tradicional discurso de balance de gestión de su mandato, que asumió el 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado de su sucesor, Pedro Castillo (2021-2022), y que encabezó con una reflexión sobre las protestas.

Afirmó que su ejecutivo cumplirá las recomendaciones de la CIDH sobre la materia y tendió su mano al proponer "firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad".

Boluarte aseguró que no habrá impunidad "para nadie" y que mantiene su compromiso con el Ministerio Público de seguir colaborando en las investigaciones, aunque no haya forma de reparar y devolver la vida de los fallecidos.

"No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas por los heridos, mi Gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También a 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido apoyo económico excepcional", detalló.

Señaló que no se debe olvidar que el país un escenario de inestabilidad que se ha prolongado por varios años y que ha llevado a tener varios presidentes.

También se refirió a que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles (1.532 millones dólares), unas pérdidas de 2.500 millones en producción y 3.000 millones en daños a la infraestructura.