La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó este jueves 9 de febrero cerca de 10.000 agentes en el centro histórico de Lima, donde el principal sindicato de trabajadores del país convocó a una nueva movilización para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones para 2023.

Según pudo constatar, el despliegue policial se realizó poco antes de las 14.00 hora local (19.00 GMT), cuando miles de agentes se desplazaron hacia las principales calles y plazas del centro de la capital y cerraron su acceso al tráfico.

Muchos de los policías permanecen aglutinados en los alrededores del Palacio de Justicia, uno de los epicentros habituales de las movilizaciones antigubernamentales, que desde diciembre pasado suman un saldo de 69 personas fallecidas.

Además de los agentes, algunos de ellos provenientes de otras regiones del país como Arequipa, Piura y Lambayeque, también hay presencia de camiones y tanquetas de la Infantería de la Marina peruana.

El despliegue tiene como objetivo resguardar la seguridad en el centro de Lima ante la denominada "huelga nacional" convocada para este jueves en la tarde por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

La movilización, que tiene como punto de partida la céntrica plaza Dos de Mayo, demanda una salida a la grave crisis política y social que vive el país.

Según el sindicato y los manifestantes, esta pasa por la renuncia de Boluarte, la asunción de un Gobierno transitorio con la elección de una nueva directiva en el Congreso y la convocatoria a un referéndum para una nueva constitución que sustituya la vigente, redactada en 1993 bajo el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Aunque esta "huelga nacional" de la CGTP fue anunciada semanas atrás, el Ministerio de Trabajo la declaró improcedente, mediante una resolución que alega el incumplimiento de ciertos requisitos.

En concreto, el documento señala que la organización sindical "no indica cuál sería la connotación laboral propia" de la huelga y advierte que la medida de fuerza se sustenta en "criterios estrictamente políticos" y no en motivaciones referidas a derechos socioeconómicos o profesionales