El Gobierno de Perú impulsa acciones conjuntas con las autoridades de las regiones amazónicas del país para enfrentar la tala ilegal y otras actividades ilícita que contaminan y afectan a la naturaleza, informó este viernes el Ministerio del Ambiente (Minam).

Al respecto, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, anunció el 1 de febrero, durante una reunión con las autoridades de la región de Amazonas, que su sector está instalando "espacios de interacción social para tratar estos temas en cada una de los departamentos que conforman la Mancomunidad Regional Amazónica". Indicó que ya se han desarrollado reuniones en las regiones de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, y próximamente se harán en Huánuco.

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El Minam también señaló que ha elaborado una propuesta de "Estrategia para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales enfocada en la Amazonía", que fue prepublicada en septiembre de 2022.

Además, en el marco de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales (Candam) se determinó abordar una estrategia nacional con acciones concretas en la Amazonía, para lo cual se trabajará en la sistematización de los aportes que realicen los sectores que conforman la comisión.

Ruiz, se reunió en la ciudad de Chachapoyas, la capital de Amazonas, con las autoridades regionales y de municipios provinciales para impulsar acciones conjuntas frente a actividades "que afectan los ecosistemas de ese departamento y obstaculizan su desarrollo sostenible".

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Durante el encuentro se dialogó y coordinó actividades sobre la problemática de la tala ilegal en la región, así como las medidas que contribuirán a fortalecer la gobernanza forestal. Según información de la Procuraduría Pública del Minam, entre 2009 y 2024 se registraron en la región de Amazonas 4.210 delitos ambientales, de los cuales 2.368 fueron archivaron y aún quedan 1.842 en trámite judicial.

Los delitos contra los bosques o formaciones boscosas y el tráfico ilegal de productos maderables fueron cerca del 50 % (913), seguidos de los delitos por contaminación ambiental, con 17 % (319), y la minería ilegal, con 14 % (276), entre otros.

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