El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para eximir a la ciudadanía de responsabilidad penal en caso del uso de la fuerza, incluso letal, en una situación de legítima defensa y ante un peligro inminente.

La norma, que fue propuesta por la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, quedó lista para su envío y eventual promulgación por el Ejecutivo tras recibir 82 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones del pleno.

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Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, del partido marxista Perú Libre, precisó que se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, sobre Inimputabilidad para que quede exento de responsabilidad "el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal".

En la norma se incorpora además un literal referido a casos de "situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros" y se establece que "no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria".

Tras la aprobación de la propuesta, Chirinos señaló en la red social X que "la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado incontrolablemente, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los peruanos" y que "la legítima defensa es un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestra familia".

El legislador José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y autor de otro proyecto sobre este tema, apoyó esta propuesta por considerar que algunos jueces han sentenciado a agentes de la Policía Nacional que han abatido a delincuentes cuando estaban en sus días de descanso y portaban sus armas legales.

Luego de la votación, la congresista izquierdista Ruth Luque pidió que se realice una reconsideración, pero su solicitud fue desestimada, tras lo cual señaló en la red X que esta modificación se ha hecho "sin tomar en cuenta criterios objetivos" ya que se "restringe los principios de discrecionalidad que en sus decisiones tienen los magistrados, al establecer que no procede la prisión preventiva".

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El Congreso aprobó este proyecto de ley tras haber autorizado al Ejecutivo para que legisle sobre temas de seguridad ciudadana ante el incremento del accionar de la delincuencia común y el crimen organizado en el país, sobre todo en Lima.

El Gobierno decretó esta semana el estado de emergencia en 9 distritos del país, entre ellos los limeños San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, para que la Policía Nacional enfrente a la inseguridad ciudadana con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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