Perú y Estados Unidos están coordinando los detalles del proceso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien este viernes 21 de abril se entregó a la Justicia estadounidense para ser extraditado a su país, donde está acusado de haber recibido sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht.

Toledo llegó a la Corte de San José, en California (EE.UU.), a la hora prevista, las 09.00 hora local (16.00 GMT), y luego fue trasladado a una cárcel del condado de San Mateo, mientras las autoridades de ambos países ultiman su extradición.

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Resta por conocerse de forma oficial el día en el que se llevará a cabo la extradición y pasará a manos de las autoridades peruanas pero, según aseguraron fuentes cercanas al expresidente, "no debe prolongarse más allá del lunes".

El ministro del Interior peruano, Vicente Romero, dijo en declaraciones a la prensa que un equipo de Perú viajará al país norteamericano "en las próximas horas, probablemente" y, sin dar mayores detalles, manifestó que por el momento no hay una fecha de llegada de Toledo a Perú ni se sabe si el exmandatario viajará en un avión particular.

"Justamente (las autoridades) están afinando estos temas", señaló.

Horas antes de su entrega, Toledo exigió a la justicia de su país que no permita su "muerte en prisión".

El exmandatario (2001-2006), reclamado por la Justicia peruana desde finales de 2017, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht que, a su vez, forma parte del conocido Caso Lava Jato y que salpicó a diferentes dirigentes latinoamericanos.

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En 2019, el fundador del extinto partido Perú Posible ya fue arrestado en California, donde impartía clases en la Universidad de Stanford, por el mandato de extradición que pesaba sobre él, pero un año después fue puesto en régimen de arresto domiciliario tras considerarse que su salud podría peligrar durante la pandemia.

En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a la extradición de Toledo a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero de este año por el Departamento de Estado.