Al menos 948 personas han sido arrestadas en 13 días de masivas protestas en Panamá contra un polémico contrato minero entre el Estado y una filial de la canadiense First Quantum Minerals, que han causado una crisis interna, según informaron este sábado las autoridades.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá comunicó a través de una publicación en la red social X (antes Twitter) que "durante 13 días de protestas, los estamentos de seguridad han logrado la captura de 948 personas, de estas 129 menores".

La cartera de Seguridad también detalló que "unos 62 comercios, 51 instituciones gubernamentales, 28 cámaras de videovigilancia, estaciones del Metro y 4 cajeros automáticos han sido vandalizados".

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El director de la Policía Ambiental, Rural y Turística de Panamá, Elmer Caballero, dijo en un video subido a esa red social que los arrestos se han dado "a través de acciones policiales que se realizan para controlar el desorden público durante estas protestas".

El comisionado agregó que "un equipo de asesoría legal ha judicializado estos casos ante el Ministerio Público (Fiscalía) y los juez de paz, sobre todo en la provincia de Panamá (donde está la capital), Panamá oeste (aledaña a la capital), Chiriquí (fronteriza con Costa Rica), Veraguas (en el interior del país), y Colón (Caribe)".

Desde hace casi dos semanas, Panamá vive una crisis interna con callejeras protestas antiminería, las más masivas en las últimas décadas, y bloqueos en las principales carreteras del país, que han dejado actos de vandalismo, enfrentamientos con la Policía y escasez de alimentos y gasolina en algunas áreas.

Al menos dos personas han fallecido producto de atropellos cuando realizaban cierres de vías, según medios locales y la Policía. Aunque no hay un balance oficial de heridos, un fotógrafo perdió un ojo los primeros días de protestas durante un choque entre la policía y los manifestantes.

Las manifestaciones están contra un polémico contrato ley que renueva una concesión a 20 años prorrogables a Minera Panamá, filial de FQM, para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, que opera desde 2019.

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Ahora, el futuro de ese contrato minero está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe declarar si es inconstitucional o no después de que el Parlamento desistiera de derogarlo mediante un proyecto ley.

Ambientalistas y juristas alegan que un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, el máximo órgano de justicia, pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible futura demanda internacional de parte de la empresa minera por incumplimiento del contrato.

El 3 de noviembre, fue promulgada una ley de moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y rechaza las que están en trámite, que era una de los reclamos de los manifestantes.

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