El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró este martes 4 de abril de 2023 que es un "preso político" y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar 'justicia' ante la 'inseguridad jurídica' que, asegura, se está "creando" en su país.

"Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas ya que, en el Perú, ni mi pueblo ni yo encontramos justicia", señaló Castillo al término de su intervención en una audiencia virtual de apelación en el proceso abierto por el fallido autogolpe de Estado que intentó perpetrar en diciembre pasado.

Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 meses por otro caso de presunta corrupción, el exmandatario de Perú aseveró que se está creando "una inseguridad jurídica no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional" porque, dijo, "cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un antejuicio político".

El antejuicio es un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.

Esta supuesta vulneración de su derecho al antejuicio es, junto a la aparente falta de un alzamiento armado, el principal argumento de la defensa de Castillo para pedir al Poder Judicial que anule la orden de prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos que, hasta la fecha, no han prosperado.

"Es la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones sin antejuicio político y yo, hasta este momento, no he renunciado a mi derecho al antejuicio político", insistió el maestro de escuela rural que se impuso en los comicios presidenciales de 2021.

El ex jefe de Estado agregó que fue "amenazado por la Policía Nacional" cuando fue detenido "ilegalmente" el 7 de diciembre, horas después de que anunciara, en un mensaje a la Nación, el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto y la reorganización del sistema de justicia, lo que fue calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.