La Policía brasileña desplegó este viernes 1 de septiembre una operación anticorrupción que apunta al ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, quien ya estuvo envuelto en otras presuntas irregularidades, informaron medios locales.

Los agentes realizaron una docena de allanamientos en municipios del estado de Maranhão (nordeste) a partir de órdenes expedidas por la Corte Suprema de Brasil, según indicó la Policía Federal en una nota, en la que no divulgó los nombres de los investigados.

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Juscelino Filho, que integra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde el 1 de enero pasado, no es objeto de registros en este operativo, pero sí consta como uno de los sospechosos de la trama, según el grupo Globo.

El diario Folha de São Paulo indicó que uno de los objetivos de la acción de este viernes es la hermana del ministro, Luanna Resende, alcaldesa de la ciudad de Vitorino Freire, cargo del que fue suspendida por orden del juez del Supremo Luís Roberto Barroso.

La operación busca "desarticular una organización criminal estructurada para promover fraudes en licitaciones, desvío de recursos públicos y blanqueo de capitales" a partir de partidas presupuestarias asignadas a la Compañía de Desarrollo de los Valles de San Francisco y Parnaíba (Codevasf).

Esa empresa pública está en la mira de las autoridades brasileñas desde 2021, cuando entonces gobernaba el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, que ocupó la Presidencia entre 2019 y 2022.

La acción de este viernes, según la Policía, combate "el núcleo político" de esa supuesta "organización criminal", tras "rastrear la asignación y el desvío" de partidas presupuestarias destinadas para el asfaltado de un municipio de Maranhão.

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Las autoridades brasileñas sostienen que esas partidas presupuestarias sirvieron en realidad para "incrementar el patrimonio" de los investigados.

Esta no es la primera vez que Juscelino Filho, formado en medicina y quien milita en el partido Unión Brasil (centroderecha), está en la cuerda floja por presuntas irregularidades.

El diputado también es sospechoso por usar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y dietas pagadas con fondos públicos para realizar viajes personales y por enviar informaciones falsas a la Justicia Electoral, según reveló la prensa local hace unos meses.

Pese a todo, Lula decidió mantenerlo en el cargo, aunque en la época le advirtió que si no probaba su inocencia, tendría que abandonar el Gobierno.

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