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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (arriba-i) y Yasmín Esquivel (arriba-d), y las abogadas Cynthia Ortiz (abajo-i) y Sara Irene Herrería (abajo-d), en Ciudad de México (México).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (arriba-i) y Yasmín Esquivel (arriba-d), y las abogadas Cynthia Ortiz (abajo-i) y Sara Irene Herrería (abajo-d), en Ciudad de México (México).EFE

México cierra la campaña para la polémica e histórica elección judicial

Candidatos compiten en elección histórica del Poder Judicial. Sheinbaum defiende el modelo; oposición lo tilda de "farsa"

Los 3.422 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyen este miércoles 28 de mayo de 2025, una campaña de 60 días, en la antesala de la inédita elección del 1 de junio, cuando casi 100 millones de mexicanos elegirán 881 cargos del Poder Judicial.

En su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a una “participación masiva” en la elección y defendió el proceso como una forma más democrática de designación, en contraste con el modelo anterior, donde los nombramientos se acordaban entre el Ejecutivo y el Senado.

"Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial, y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia", subrayó Sheinbaum.

La jornada marcará la primera vez que la ciudadanía elige directamente a integrantes del máximo tribunal, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un proceso que ha generado tanta expectativa como polémica por su alcance sin precedentes.

Durante la campaña, iniciada el pasado 30 de marzo, los aspirantes intentaron darse a conocer a un electorado diverso y poco familiarizado con sus perfiles.

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Capacitadores electorales preparan material electoral para la próxima elección de jueces y magistrados en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 28 de mayo de 2025.AFP

"Retroceso Democrático"

Entre los cargos en juego se encuentran nueve puestos en la SCJN, dos en la Sala Superior del TEPJF, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados.

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A esto se suma la renovación de los sistemas judiciales locales en 19 estados, lo que eleva a 1.787 los cargos adicionales en disputa, lo que da como resultado un total de 3.422 candidaturas registradas en este proceso.

Sheinbaum negó que esta elección sea un intento de control del Poder Judicial por el oficialismo, como han acusado figuras de la oposición y los exconsejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, quienes han llamado a no votar como forma de protesta ante lo que consideran un "retroceso democrático".

En ese sentido, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que no ejercerá su derecho al voto al considerar las elecciones como “la farsa más grande que se ha hecho en este país”.

Desinformación, baja participación y polémica

Encuestas recientes estiman que entre un 5 % y un 20 % del electorado acudirá a las urnas, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado una participación de entre 13 % y 20 % de forma extraoficial, similar a la última consulta de revocación de mandato de 2022, cuando se ratificó el mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

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El ente organizador de las elecciones aclaró que los datos oficiales se darán a conocer en la noche del domingo 1 de junio al finalizar los comicios con un ejercicio muestral 1.644 casillas. No obstante, precisó que el porcentaje estimado es solo una aproximación debido a la complejidad de las boletas, la cantidad de cargos y el desconocimiento generalizado sobre los candidatos.

Organismos como las Naciones Unidas (ONU) y asociaciones civiles han advertido sobre posibles riesgos de injerencia del crimen organizado en estas elecciones, que se realizan en un contexto de violencia generalizada y ataques a actores judiciales en algunos estado, así como la posible vulnerabilidad de la independencia judicial.

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