En Colony Ridge, un barrio de Houston con gran crecimiento de la población latina, los miembros de esta comunidad enfrentan ahora el miedo de salir a la calles porque políticos y medios han catalogado el lugar como asentamiento de indocumentados y narcotraficantes, en medio de las nuevas leyes antiinmigrantes de Texas.

Yelva Cortés, de 35 años y natural de Michoacán (México), vive desde hace 13 años en esa zona boscosa y rural del condado de Liberty, en el noreste de Houston, donde miles de hispanos de bajos recursos como ella han comprado terrenos e instalado casas móviles en la última década.

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Desde hace unos meses Cortés, de 47 años, se desplaza con cautela a su trabajo de cocinera y administradora en una taquería ambulante ubicada a pocos minutos de su casa.

"La gente y toda mi familia acá que está indocumentada casi no sale; solo hacemos lo básico", declaró Cortés en entrevista con EFE acerca del temor colectivo originado por teorías conspirativas que han catalogado a esa zona de Texas como "un imán de indocumentados" y "santuario de narcotraficantes".

Esas conjeturas fueron alimentadas a mediados de septiembre pasado por un grupo de legisladores republicanos aunados a medios de comunicación conservadores en Texas sobre Colony Ridge, donde viven unas 400.000 personas, la mayoría inmigrantes hispanos.

Las hipótesis fueron suficientes para que el gobernador de Texas, Greg Abbott, considerara examinar el tema en una sesión legislativa especial que culminó incorporando fondos por más de 40 millones de dólares para patrullar ese barrio de más de 33.000 acres (13.355 hectáreas) de extensión.

Ese gasto está incluido en la ley antiinmigrante SB3, promulgada por el ultraconservador Abbott hace pocas semanas junto con la SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar de forma irregular al estado desde una nación extranjera". La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

Asimismo, la SB4 permite ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial y otorga a la Policía la autoridad para arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, concediéndoles también la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Ambas leyes, que deberían entrar en vigor a fines de febrero o mediados de marzo, ya son objeto de una demanda judicial presentada la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que las cataloga como "anticonstitucionales".

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"Voy a vivir aquí, pero no voy a salir. No me queda otra opción. Espero que esas leyes sean anuladas porque nosotros solo queremos salir adelante sin hacer daño a nadie", sostuvo Cortés sobre su futuro inmediato.

Pero algunos como el salvadoreño Ernesto López, de 35 años, toma con prudencia las noticias del posible incremento de patrullaje en la zona.

"Solo escucho quejas, pero gracias a Dios tengo documentos y no tengo miedo. Además creo que la delincuencia está en todos lados", dijo el trabajador de la construcción.

Sin embargo, López, residente desde hace tres años de un terreno en fraccionamientos que compró "con facilidades de pago" enfrenta otros problemas de esta minoría que quiere ser propietaria.

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"Colony Ridge se propuso explotar el sueño de un inmigrante de ser propietario de una vivienda", resalta una querella del Departamento de Justicia.

Detalla que la firma Colony Ridge Development LLC, que opera con el nombre comercial de Terrenos Houston, "mantiene tácticas de venta que exige pagos iniciales con intereses altos sin evaluar la capacidad de amortización" del comprador.

Tergiversó además datos como las garantías de suministro de agua, electricidad y alcantarillado, "haciendo que los prestatarios incurrieran en importantes gastos imprevistos después del cierre", agrega.

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La empresa adquirió a través de remates públicos de ejecuciones hipotecarias el 45 % de las más de 35.000 propiedades vendidas desde 2012, según una investigación del medio Houston Landing citada en la demanda.

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