El Poder Judicial de Perú ordenó, a petición de la Fiscalía, disponer una prórroga de ocho meses a la investigación contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por haber dado el autogolpe de Estado fallido el 7 de diciembre, cuyo plazo venció el 12 de agosto.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía y amplió la investigación contra el exmandatario hasta el 11 de abril de 2024.

La complejidad propia de la investigación, la modalidad de comisión de los delitos imputados y la cantidad de actos de investigación pendientes de realizar, fueron algunos de los argumentos del juez para tomar la decisión.

El Ministerio Público presentó el 2 de agosto esta solicitud para ampliar el tiempo de investigación, porque según su postura, no se han podido recabar las declaraciones de los testigos debido a que no asistieron a la citación.

Por su parte, el abogado de Castillo, Guido Croxatto, reiteró en la emisora RPP que la destitución del exmandatario fue "ilegal".

"El problema es el poco rigor con el que se está manejando el Poder Judicial en Perú, y eso deja desarmado, no solo al presidente, sino a los cuidanos", dijo Croxatto al indicar que ya ha presentado "todas las arbitrariedades y cúmulo de violaciones al debido proceso de destitución del presidente en las instancias internacionales".

Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el autogolpe de Estado, acusado del delito de rebelión, y también cumple 36 meses por investigaciones sobre la presunta comisión de delitos de corrupción y tráfico de influencias entre otros.