Un juez boliviano definirá en una audiencia fijada para el próximo 24 de enero si la expresidenta interina Jeanine Áñez será procesada por la vía ordinaria o en un juicio de responsabilidades por la muerte de al menos una decena de civiles durante la crisis de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este jueves que un magistrado de una corte de El Alto, ciudad vecina de La Paz, "ha contestado" la solicitud de esa cartera de Estado y definió una audiencia para tratar la competencia del caso por la masacre de Senkata.

"Esperamos que el día martes (...) se tome una decisión definitiva que le dé tranquilidad al pueblo boliviano y a las víctimas, en el marco de un debido proceso", remarcó el ministro.

El pasado martes se conoció la ampliación de la acusación por el caso Senkata a la exmandataria interina por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, relacionado con la muerte de civiles en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos de manifestantes cuando Áñez asumió la Presidencia del país.

Este acto judicial se contrapone a la proposición acusatoria que en 2021 presentó el fiscal General, Juan Lanchipa, al Parlamento para que a Áñez se la enjuicie como exmandataria en un proceso de responsabilidades.

Lima acusó a los líderes de las opositoras Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ahora detenido por los hechos de la crisis de 2019, de no querer dar "justicia al pueblo boliviano".

Pese a que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en el Parlamento, se necesita el voto de las fuerzas opositoras para alcanzar los dos tercios necesarios para activar un juicio de responsabilidades.

Asimismo, el ministro Lima señaló que la solicitud realizada se enmarca en "el mandato" del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que establece que "se deben investigar las masacres de Sacaba y Senkata".

Los abogados de Áñez objetaron la acusación por la vía ordinaria y manifestaron que plantearán los recursos necesarios para evitar ese canal al considerar que "le corresponde un juicio de responsabilidades".

La exmandataria dijo que desconocerá y rechazará los tribunales y fiscales "sin competencia", algo que manifestó también en una audiencia a principios de año por el proceso ordinario que se le sigue por una supuesta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), cuando dispensó y prescindió de sus abogados.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 en un penal en La Paz, acusada inicialmente por terrorismo, sedición y conspiración en el caso que se conoció como "golpe de Estado I".

Después se le abrió eIl proceso "golpe de Estado I" señalándola por los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, por lo que un juez la condenó a 10 años de prisión por la forma en que se situó en línea de sucesión presidencial tras la renuncia de Morales y de las demás autoridades que le seguían.

Para el oficialismo, las protestas de 2019 fueron un "golpe de Estado" contra el expresidente Evo Morales, mientras que para la oposición se debieron a un fraude electoral en los frustrados comicios de ese año