El Gobierno italiano aprobó este miércoles 27 de septiembre un decreto para acelerar el análisis médico a los inmigrantes que se declaren menores de edad al llegar al país y, en caso de mentir, la condena podrá ser sustituida por su expulsión.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, explicó en rueda de prensa que los inmigrantes que se declaren menores serán sometidos a un examen antropométrico.

"Está previsto que en el caso de que en el resultado de ese análisis la condición de ese menor sea contradicha se pueda aplicar la sanción sustitutiva de la expulsión, porque incurriría en una consecuencia penal por falsa declaración", sostuvo.

En resumidas cuentas el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros permite acelerar estas pruebas clínicas en los menores no acompañados, previa autorización de la Fiscalía.

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Si la edad declarada no es cierta, las autoridades judiciales podrían dictar una condena por el delito de falso testimonio y, la sentencia, podrá ser sustituida por la expulsión.

El decreto se produce en un año de gran flujo migratorio desde el norte de África a través del Mediterráneo central: 133.131 personas han desembarcado hasta hoy en las costas italianas, el doble que en el mismo periodo del 2022 (70.320) y el triple que en 2020 (45.599). Del total, este años 11.650 inmigrantes se declararon menores no acompañados.

Por otro lado, en casos de extrema urgencia, y ante una eventual falta de espacio en instalaciones para menores, estos puedan ser alojados en centros para adultos "de forma provisional y por un periodo no superior a los 90 días".

Por otro lado, la nueva legislación prevé acelerar la expulsión de los inmigrantes afectados por medidas judiciales por motivos de peligrosidad social y de orden público. Esto se aplicará también a aquellos inmigrantes que cuenten con un permiso de residencia de largo plazo.

Asimismo "se amplía la protección a las mujeres" solicitantes de asilo. Hasta ahora solo las madres con niños o las embarazadas podían acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), más protegido, mientras que el resto recibían el mismo trato que los hombres.

El decreto remedia esta política y prevé el acceso de todas las mujeres en estructuras de mayor protección como el SAI.

La primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni aseguró que el decreto "acelera la expulsión de los inmigrantes irregulares peligrosos, introduce la plena protección para las mujeres y mantiene la de los menores y no permitirá mentir sobre la edad", escribió en sus redes sociales, pues no compareció en rueda de prensa.

Se trata del cuarto decreto en materia migratoria que Meloni aprueba en lo que va de año.

El primero dificultó las misiones de los barcos de las ONG asignándoles puertos lejanos para desembarcar inmigrantes e impidiendo más de una operación de salvamento seguida; el segundo eliminó la "protección especial", una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los inmigrantes que no tienen derecho al asilo o a la protección subsidiaria.

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