La mayoría de carreteras que se encontraban bloqueadas en Guatemala quedaron despejadas este sábado 21 de octubre, como parte del reagrupamiento por parte de miles de manifestantes que piden la dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras.

El Ministerio de Comunicaciones guatemalteco detalló que actualmente hay tres carreteras bloqueadas en todo el país, a diferencia de los 25 pasos viales que se encontraban cortados en los últimos días.

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Sin embargo, el cese de los bloqueos no significa que las protestas terminarán, ya que la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán, que convocó a las protestas desde el 2 de octubre, indicó que mantendrán las manifestaciones para que renuncie Porras.

El presidente de la organización indígena, Luis Pacheco, dijo a periodistas en una conferencia de prensa que "mantenemos nuestra postura" con relación a la dimisión de la fiscal general.

Las protestas empezaron el 2 de octubre y con el apoyo de la población se llegaron a tapar hasta 140 carreteras. De igual forma, entre el 9 y 13 de octubre hubo prácticamente un paro nacional en todo el territorio en repudio a Porras.

Sin embargo, la fiscal general ha asegurado que no tiene planes de dejar su cargo, pese a la presión popular.

Porras es señalada por los manifestantes de intentar modificar los resultados de las elecciones generales celebradas este año y que llevarán a la presidencia a partir de enero próximo al académico Bernardo Arévalo de León, del partido progresista Movimiento Semilla.

Precisamente el mismo Arévalo de León acusó a Porras de llevar a cabo un "golpe de Estado" en "marcha" para evitar su investidura el próximo 14 de enero.

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Las protestas han dejado un comerciante asesinado, después de que el pasado 16 de octubre un grupo de personas dispararan contra manifestantes en el departamento de San Marcos, unos 250 kilómetros al oeste de la capital.

El Ministerio Público, bajo el mando de Porras, decomisó el pasado 30 de septiembre las actas de votación, en un allanamiento ampliamente criticado a nivel local e internacional ya que la ley guatemalteca no contempla dicha acción.

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