El Gobierno de Panamá pidió este 4 de noviembre la “apertura” de carreteras, pues hay bloqueos en diferentes puntos debido a las protestas antiminería, lo que ha producido desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en algunos puntos del país, así como “el retorno de la paz social”.

“Luego de la sanción por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de la Ley de Moratoria Minera y a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); donde, reiteramos sea la prioridad uno de este Órgano del Estado, respetando su independencia como tal, solicitamos la apertura de las vías a nivel nacional y el retorno a la paz social que necesita la población panameña”, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

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Esa misiva oficial agrega que “cuando en una sociedad existen conflictos y diferencias, cuando el pueblo exige posiciones y luego se encuentra una solución pacífica, logrando el objetivo, alcanzamos la paz social. ¡El pueblo ha sido escuchado!”.

La carretera Panamericana, la principal del país que conecta Panamá de norte a sur, tiene bloqueos en algunas áreas, según reportes de usuarios en redes sociales.

La Caja del Seguro Social (seguridad social) de Panamá informó este sábado que, en conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval, se ha establecido “un corredor humanitario aéreo de urgencia para el traslado de insumos” para “salvar la vida de los pacientes hospitalizados en Chiriquí y Bocas del Toro”, ambas áreas fronterizas con Costa Rica.

Y añadió que se trasladaron “cerca de 9.000 kilos de insumos” para “hemodiálisis a estas provincias, lo que abastece la necesidad solo para unos días”.

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Las redes sociales se han inundado de mensajes solicitando la apertura de un corredor humanitario ante el desabastecimiento de alimentos, gasolina y medicamentos, principalmente en las provincias del interior del país.

“A nuestros valientes hermanos y hermanas Gnabe (etnia indígena) particularmente en Tierras Altas (frontera con Costa Rica) sabemos que han sido avasallados y dejado solos; pero hoy ante lo logrado necesitamos flexibilizar las medidas y permitir el paso de alimentos y otros, sin dejar de estar alerta ante el Fallo de la CSJ”, escribió en la red social X (antes twitter), la ambientalista Raisa Banfield.

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Desde hace casi dos semanas, Panamá vive una crisis interna con protestas en rechazo a un polémico contrato minero, las más masivas en las últimas décadas, y bloqueos en las principales carreteras del país, que mantienen semiparalizado el país.

Las manifestaciones están en contra del contrato ley que renueva una concesión a 20 años prorrogables a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Ahora, el futuro de ese contrato minero está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe declarar si es inconstitucional o no después de que el Parlamento desistiera de derogarlo mediante un proyecto ley.

Ambientalistas y juristas alegan que un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, el máximo órgano de justicia, pondría en una situación más ventajosa al Estado frente a una posible futura demanda internacional de parte de la empresa minera por incumplimiento del contrato.

El viernes, fue promulgada una ley de moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y rechaza las que están en trámite, que era uno de los reclamos de los manifestantes. 

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