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Una ambulancia quemada en la vía que comunica a los municipios de Caucasia y El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.Policía de Antioquia / EFE

Gobierno colombiano dialogará cuando cese la violencia

Un paro minero en el noroeste del país ha perjudicado el desabastecimiento de alimentos y medicamentos a más de 250.000 personas durante once días. 

El Gobierno colombiano volverá a dialogar con los mineros del departamento de Antioquia, que protestan desde hace diez días, cuando “cesen los hechos de violencia” y se supere el desabastecimiento de alimentos causado por las manifestaciones que tienen a más de 250.000 personas confinadas en esa región del noroeste del país. 

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Así lo aseguró la Presidencia en un comunicado en el que señaló que el diálogo “sólo se reabrirá una vez cesen los hechos de violencia, tengamos normalización en el territorio; se supere el desabastecimiento y la población pueda contar con alimentos, medicinas y el pleno funcionamiento de hospitales, colegios y centros de atención de la niñez”.

El Ministerio de Salud solicitó el domingo 12 de marzo activar los protocolos humanitarios para garantizar la protección del personal y los equipos de la Misión Médica en la región del Bajo Cauca, bloqueada desde el jueves 2 de marzo por mineros que rechazan las operaciones contra la minería ilegal.

Las autoridades del departamento de Antioquia denunciaron el pasado sábado 11 de marzo que en una carretera fueron quemadas dos ambulancias en el Bajo Cauca, cuyos ocupantes lograron ponerse a salvo.

Según el Ministerio de Salud, las manifestaciones afectan también “el transporte de pacientes en ambulancias en el municipio de Cáceres, donde resultaron lesionados seis pacientes remitidos posteriormente a Caucasia”. Por su condición clínica, cuatro de estos pacientes requieren remisión aérea en una aeronave presurizada.

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En su comunicado de este domingo 12 de marzo, el Gobierno insiste en que “solamente en condiciones de libertad y seguridad plena para los habitantes (...) está dispuesto a retornar a la mesa de diálogo” suspendida el pasado viernes 10 de marzo debido a la falta de compromiso de los manifestantes.

Tras esto, la violencia aumentó en la región, por lo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró en redes sociales que “no son actos de pequeños mineros en paro” sino de bandas criminales, como el Clan del Golfo, que supuestamente están detrás de las protestas.

Desde que arrancaron las protestas, las autoridades colombianas comenzaron las operaciones para despejar las vías afectadas por los bloqueos.

Los manifestantes piden la formalización y reconocimiento de la minería ancestral, un plan para eliminar la burocracia que impide la formalización minera y respeto por el uso de la maquinaria y que no sea destruida por la Fuerza Pública.

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El Gobierno ha dicho que el primer punto por acordar en la mesa de diálogo con los mineros es “rechazar conjuntamente cualquier acto de violencia”. También condiciona la reanudación del encuentro a que se levanten “de manera inmediata” los bloqueos que ocasionan desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gas, además de la restricción para acceder a los hospitales de la zona.

“El Gobierno ratifica que este ha sido, desde el principio, un acuerdo con la mesa del paro minero”, agregó la información.