Una masacre perpetrada hace poco más de un año en el mayor valle cocalero de Perú es el último baño de sangre atribuido a una facción disidente de Sendero Luminoso que, 30 años después del arresto de su líder, sigue entrañando una amenaza sigilosa en alianza con las mafias del narcotráfico.

Aquellos 16 asesinatos, una de las peores atrocidades cometidas en décadas en el país, revivieron los recuerdos del terror provocado por el movimiento liderado por Abimael Guzmán que, bajo una bandera maoísta, desató un conflicto armado interno (1980-2000), en el que murieron alrededor de 69.000 personas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Hoy, el autodenominado Militarizado Partido Comunista, el último remanente de Sendero, reemplazó su antiguo influjo ideológico por el poder del dinero que logra con el control de la suculenta maquinaria del tráfico de cocaína.

Un dominio que, tras la captura de Guzmán en 1992, ejercen los hermanos Quispe Palomino en la infranqueable selva montañosa del VRAEM, de donde sale prácticamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia tras Colombia.

La muerte de Jorge Quispe Palomino, confirmada en marzo de 2021, dejó a su hermano Víctor, alias José, como único líder del clan. A él es probable que lo sucedan al menos una decena de comandantes y otra docena de subcomandantes, según figura en el escalafón jerárquico pegado en una de las paredes de la base militar de Pichari, la principal del Comando Especial VRAEM (CEVRAEM).

Alias José tiene una organización realmente al estilo comunista: tiene sus diferentes comisarios, tiene responsables del aparato militar, del aparato político (...) y tiene apoyos en algunas comunidades campesinas del lugar”, comenta en una entrevista el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), el general Manuel Gómez de la Torre.

Estos “terroristas radicales”, agrega, custodian desde sus campamentos los laboratorios rústicos de producción de cocaína y el tránsito de la droga. Todo a cambio de pagos que imponen a las redes de los narcos para afianzar la seguridad de su negocio. El circuito de la droga arranca con los cultivos de la hoja de coca, que en el VRAEM se extienden por 28.000 hectáreas, lo que equivale a más del 45 % de toda la superficie cocalera de Perú.

El país tuvo en 2020 el crecimiento anual más grande de su historia (+13 %) hasta alcanzar las 61.777 hectáreas, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Pero la presencia del Estado en el VRAEM ha sido más bien una quimera que, durante décadas, ha relegado al olvido esta inhóspita zona del país, sumida en graves déficits de comunicaciones, salud y educación. “El problema, más que militar, es económico-social, porque la mesa económica de la zona está servida por el tráfico ilícito de drogas”, reconoce el jefe del CC.FF.AA., quien insiste en la necesidad de una respuesta “multisectorial” que promueva el desarrollo y actividades alternativas a la agricultura.