Colombia arrancó el 2023 con entusiasmo y optimismo ante el “cese bilateral” del fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares, y que está vigente desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio.

Tras las primeras reacciones, entre ellas la del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, líderes de la sociedad civil y políticos aplaudieron el paso que es un avance de la política de “paz total” del Gobierno, aunque por el momento no ha sido confirmado por los grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo destacó el cese el fuego con “los grupos armados ilegales, entre ellos los que generan los mayores riesgos en las Alertas Tempranas” y aplaudió “todos los gestos que permitan frenar las acciones armadas que afecten a la población civil”.

“Desde nuestras 42 Regionales seguiremos acompañando a las comunidades más vulnerables en sus territorios para lograr la garantía de sus derechos humanos y estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales”, agregó la Defensoría en un comunicado.

El cese el fuego, de seis meses de duración, será “prorrogable según los avances en las negociaciones”, dijo Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad”, indicó Petro en Twitter.