La opinión pública de Rumania está conmocionada por un escándalo en torno al maltrato y abuso de cientos de ancianos en residencias gestionadas por una asociación cristiana ortodoxa con estrechas relaciones con el poder político del país.

La semana pasada, al menos un centenar de personas mayores fueron rescatadas de tres residencias en las que malvivían cerca de Bucarest, con apenas alimentación y sometidos a violentos tratos vejatorios.

La prensa rumana habla de “asilos de terror”, dirigidos por la asociación San Gabriel el Valiente, fundada por dos personas cercanas a la ministra de Familias y antigua alcaldesa de Bucarest, Gabriela Firea.

En total, 26 personas fueron detenidas por el caso, la mitad de ellas sigue en prisión preventiva o arresto domiciliario.

Tras un registro de medio millar de residencias en todo el país, las autoridades cerraron cuatro centros de forma permanente, mientras que otros 22 fueron suspendidos temporalmente. 

En los asilos, con pocos trabajadores y muchos residentes, los ancianos pasaban los días tirados en literas, en pésimas condiciones de higiene, sin sábanas y con los colchones sucios de orina y heces.

En vídeos filtrados a la prensa local se ve a personas mayores y vulnerables con signos de abusos físicos, algunas estaban incluso atadas a sus camas.

Testigos aseguraron que a los ancianos se les administraba fuertes somníferos para que durmieran quince horas por día.

Hay denuncias de que las víctimas no recibían suficiente comida, que solía estar además en mal estado. Algunos residentes salían al jardín para pedir ayuda a quienes pasaban por el centro. En estos asilos se alojaban también algunas personas jóvenes con discapacidades.

Los centros cerrados, de gestión privada, pero financiados con fondos públicos, funcionaban a través de San Gabriel el Valiente”, fundada por una asesora y por un exchofer de la actual ministra de Familias.

Los sospechosos crearon asociaciones para el cuidado de mayores con el objetivo de captar fondos públicos, pese a no disponer de ninguna experiencia en este tipo de asistencia a personas mayores.

Además, se incautaban las pensiones de los ancianos, les animaban a vender sus viviendas para financiar su estancia en los asilos y falsificaban certificados sanitarios para enviarlos luego a centros públicos para discapacitados, por lo que cobraban un subsidio aparte.

Las autoridades locales estiman que los responsables de los centros desviaron entre noviembre de 2021 y junio de 2023 cerca de un millón de euros de fondos públicos.

Por ahora, solo el antiguo conductor de la ministra ha sido detenido, mientras que la asesora ha sido suspendida de su cargo de forma temporal. 

• Reacción de autoridades

El presidente rumano, Klaus Iohannis, calificó lo sucedido de “vergüenza nacional” y exigió a la clase política “el coraje para tomar medidas”. El escándalo tiene una vertiente política adicional, ya que Firea, que sigue en el cargo, pretende presentarse en 2024 nuevamente a la alcaldía de la capital Bucarest. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, declaró “no tener ninguna empatía con quienes facilitaron este horror”. 

Luego de haber salido a la luz el abuso a los ancianos en estos centros, seis altos funcionarios fueron destituidos.