Amnistía Internacional (AI) dijo este viernes 19 de noviembre que el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación internacional de proteger integralmente a los defensores de derechos humanos que siguen siendo víctimas de ataques y amenazas, y que vuelven a dejar al país como el más peligroso para estas personas.

Así lo expresó la directora adjunta de investigación para las Américas de AI, Fernanda Doz Costa, en una audiencia pública en el Congreso de Colombia sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en el país.

"El Estado Colombiano sigue incumpliendo su deuda histórica de dar una respuesta integral a la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras en el país", señaló Doz Costa.

La funcionaria recalcó que las "amenazas y ataques contra quienes defienden los derechos humanos siguen ocurriendo día tras día, poniendo a Colombia otra vez más como el país más letal para defender los derechos humanos".

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde el 24 de noviembre de 2016 hasta septiembre de este año, se han registrado 675 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, ha conocido hasta el 31 de octubre 180 alegaciones de homicidios de personas defensoras, de las cuales ha verificado 67 casos y tiene 30 en proceso, aunque reconoce que su universo puede ser limitado.

OPORTUNIDAD PARA AVANZAR

Sin embargo, Doz Costa dijo que la audiencia en el Congreso es una oportunidad para trazar una ruta para que Colombia avance en la protección de personas defensoras.

El año pasado AI hizo recomendaciones al Estado colombiano para proteger a los defensores de derechos humanos, pero estas no han tenido eco, según denunció la directora adjunta.

A la fecha, dice AI, las autoridades colombianas "han hecho muy poco para garantizar condiciones seguras para defender derechos humanos en el país".

Según ese organismo, en el país hay un modelo de protección que ha demostrado "ser ineficaz" porque se basa en medidas de protección material y la expedición de leyes, decretos y normas que "carecen de medidas que aseguren su debida implementación, así como medidas destinadas a la protección individual y no de carácter colectivo".

Asimismo asegura que se han tomado medidas que agudizan los riesgos para los defensores como, por ejemplo, la decisión de poner en marcha "una vez más" campañas de erradicación forzada de cultivos ilícitos o de reducir esquemas de protección durante la pandemia para los líderes sociales.

UN CASO PUNTUAL

Durante la audiencia pública convocada por el Congreso para exigir rendición de cuentas por la falta de garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país se trató el caso de Jani Silva.

Ella se vio obligada a desplazarse por las amenazas que le hicieron grupos armados ilegales por defender los derechos humanos, pese a que tiene medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La protección de personas defensoras no debe estar basada únicamente en la teoría (...) Si escucharan sus voces habría un ambiente significativamente más seguro para defender los derechos humanos en Colombia", puntualizó Doz Costa.

Por último, dijo que las obligaciones en derechos humanos recae en los tres poderes del Estado, por lo que es imperioso que el Congreso de prioridad al tema y cree una Comisión de Verificación de Garantías para Personas Defensoras, que llame a rendir cuentas a las personas funcionarias del Ejecutivo que "no cumplen con su deber de protección".