Colombia vive un inusitado aumento de la violencia por parte de la delincuencia común y de bandas del narcotráfico que en los últimos días han cometido varias matanzas y que, a diferencia de la del conflicto armado, ocurre no solo en las zonas rurales sino en los centros urbanos.

La aparición de cuerpos desmembrados en Bogotá, 14 masacres cometidas en poco más de un mes y atracos múltiples en lugares concurridos son algunos de los crímenes que tienen azotado a un país en el que aún no se conoce con claridad cuál va a ser la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto. Entre el sábado y ayer la violencia dejó 14 muertos en dos hechos ocurridos en la ciudad caribeña de Barranquilla y en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander (noreste).

En esta última localidad, un profesor, su esposa y sus dos hijos fueron asesinados en su propia casa por delincuentes, cuatro de los cuales fueron a su vez linchados por vecinos de las víctimas.

Para Fernando Rojas Parra, que ha sido profesor de Políticas Públicas en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario, el Gobierno de Petro lo primero que debe hacer para enfrentar este problema es definir cuál es la política de seguridad ciudadana urbana. “En este momento no le conocemos un solo pronunciamiento de fondo al ministro de Defensa (Iván Velásquez) frente a ese tema”, añadió el experto. En Colombia, la seguridad ciudadana depende de la cartera de Defensa, a la cual está adscrita también la Policía.

Y es que la violencia se ha recrudecido en las últimas semanas en el país a pesar de la ambiciosa iniciativa de Petro de lograr una ‘paz total’ con los grupos armados ilegales. Esto incluye negociaciones de paz en casos como el de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias de las antiguas FARC.

El asesinato de seis personas esta madrugada en el noroeste de Barranquilla es la cuarta masacre perpetrada en la ciudad en lo que va corrido del año. Esos crímenes han provocado un clima de inseguridad al que se suman extorsiones a comercios y empresas de transporte público, que han derivado en el asesinato de conductores de autobuses y atentados contra los negocios.

Para Rojas, que es doctor en Historia de la Universidad de los Andes, el conflicto colombiano no es el mismo desde que las antiguas FARC se desmovilizaron en 2016, pues los grupos que quedaron son disidencias en las que el tema ideológico ya no tiene tanto peso.

“Este es un tema netamente criminal y económico (...) El problema es mucho más profundo de lo que han querido reconocer. Nos dicen, por ejemplo, que estamos bajando el índice de homicidios, pero la gente sabe que ahí no está hoy el corazón de la inseguridad, el corazón de la inseguridad está en el atraco, en la extorsión, en el sicariato”, explica.

El pasado fin de semana, las autoridades encontraron los cuerpos de tres mujeres en Bogotá (2 en el sur y 1 en el norte), a los que se sumaron robos masivos en el sector del Park Way y la quema de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. La alcaldesa, Claudia López, anunció el martes pasado la creación de un grupo contra el multicrimen para combatir la inseguridad en la ciudad, sacudida además en las últimas semanas por el hallazgo de 23 cuerpos desmembrados en bolsas plásticas, asesinatos atribuidos a disputas por el control del microtráfico.