Chile se ha comportado en los últimos procesos electorales como un péndulo, pasando en poco más de dos años de redactar y posteriormente rechazar una de las propuestas constitucionales más vanguardistas del mundo en materia de feminismo y ecologismo a entregarle la batuta del segundo proceso constituyente a la ultraderecha.

Aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece, las últimas encuestas publicadas hace más de una semana anticipaban que la ciudadanía votará en contra de la nueva propuesta de carta magna en el plebiscito del domingo 17 de diciembre de 2023, lo que implicaría un nuevo vaivén electoral.

"El electorado ha dado señales de moderación, de querer una Constitución que garantice mayores derechos sociales y mayor inclusión, sobre todo de las mujeres, pero tiene miedo a un cambio radical", explicó a EFE Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

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El texto que se plebiscitará esta semana, de 17 capítulos y 216 artículos, fue redactado por un órgano de 50 consejeros elegidos el pasado mayo, en el que la ultraderecha y la derecha tradicional contaban con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.

Las derechas defienden que el documento es mejor que la actual Carta Magna, heredada de la dictadura (1973-1990), porque "recoge" preocupaciones actuales como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

La izquierda, en cambio, califica la propuesta de "dogmática" y denuncia que supone "retrocesos" en derechos sociales.

GRAN BOLSA DE ELECTORES "DESCONOCIDOS"

Se trata del segundo intento por redactar una nueva constitución que vive Chile, un proceso que arrancó tras el contundente rechazo en septiembre de 2022 a un proyecto escrito por una convención izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad y era pionero en consagrar el aborto libre y la protección del medioambiente.

"Los estudios muestran que la gente quiere que existan acuerdos políticos transversales y una combinación de estado bienestar y protección a la libertad", dijo a EFE Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales.

Más allá de la moderación del electorado, los expertos atribuyen el péndulo a un factor concreto: la entrada en vigor en 2022 del voto obligatorio, que devolvió a las urnas a una enorme bolsa de entre 6 y 6,5 millones de votantes "desconocidos", que llevaban años alejados de los procesos electorales.

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En las primeras elecciones constituyentes de mayo de 2021 votaron cerca de 6,5 millones de personas y en el balotaje que llevó al presidente progresista Gabriel Boric a La Moneda en diciembre de 2021 lo hicieron más de 8 millones.

Con la implantación del voto obligatorio, que se había eliminado en 2012, la cifra de votantes rondó los 13 millones tanto en el plebiscito de septiembre de 2022 como en las segundas constituyentes, que en mayo le dieron el triunfo a la ultraderecha.

"No es que los chilenos cambien rápidamente de opinión, sino que la masa electoral ha sido distinta. Hay un electorado de derecha, otro más de izquierda y un segmento menos ideologizado, que es el que se incorporó con el voto obligatorio y decide las elecciones", apuntó Fuentes.

Para Javier Couso, de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), ese grupo ha pasado "aparentemente" de estar preocupado por la desigualdad económica a tener como preocupación central la inseguridad y la delincuencia.

"SIN CONSENSO, HABRÁ CUESTIONAMIENTOS"

El Estado social y democrático de derecho es la gran novedad con respecto a la Constitución actual, aunque la izquierda no ha quedado conforme con cómo ha quedado reflejada una de sus aspiraciones históricas y asegura que hay artículos que "vacían" el concepto y constitucionaliza el modelo neoliberal instalado en el régimen.

El texto incluye algunos artículos que han generado gran polémica como la consagración del "derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que muchos temen que colisione con la ley que permite el aborto en tres causales- o la expulsión inmediata de los migrantes que entren irregularmente.

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"Si se aprueba, sería la segunda Constitución más larga de América Latina. Esto se debe a que se constitucionalizaron normas que hoy en día están en las leyes orgánicas. Es un texto muy programático", aseguró Heiss.

"El que no sea una carta de consenso hará que sea objeto de un permanente cuestionamiento", alertó Couso.

Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el Gobierno ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.

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