Chile celebra este domingo sus segundas elecciones constituyentes en dos años, pero el contexto actual dista mucho de la efervescencia de 2021, cuando aún estaba presente el estallido de 2019, y la hoja de ruta acordada ahora para escribir la nueva Constitución es muy diferente.

La intervención de un grupo de expertos designados por el Parlamento, la falta de interés ciudadano, el voto obligatorio y el ascenso de la ultraderecha son las principales claves de este nuevo intento, puesto en marcha después de que el 62 % de los chilenos rechazara en septiembre de 2022 la primera propuesta de Ley Fundamental.

"Hay elecciones el domingo y mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que se vota", comenta  Estefanía Andahur, de la Red de Politólogas.

"La convención anterior era prácticamente un 'reality'. Tuvimos trasmisión en vivo 24 horas al día. Fue (un proceso) muy largo y desgastante", coincide en señalar Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado.

Según la encuesta Criteria, publicada a de comienzos de abril, tan solo el 31 % de los chilenos está interesado en la redacción de una Constitución que sustituya a la actual, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada varias veces durante la etapa democrática.

El proceso anterior fue alabado internacionalmente porque fue la salida que encontró el país a las masivas protestas de 2019 y 2020, las más graves desde el retorno a la democracia, y porque el órgano constituyente fue el primero plenamente democrático en Chile y el primero en contar con una composición paritaria de genero en todo el mundo.

Esta vez, la gran novedad es la participación de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento que tienen como misión elaborar un borrador que sirva de base a los 50 consejeros que este domingo elegirá la ciudadanía.

"Muchos de los que estuvieron a favor de la propuesta anterior se sienten desencantados y piensan que el proceso está controlado desde arriba", explica  Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Los nuevos consejeros tendrán cinco meses a partir del próximo mes de junio para hacer modificaciones al borrador, en comparación con el año de que dispusieron los miembros de la Convención Constituyente para redactar la propuesta anterior. El texto final será sometido a referéndum en diciembre.

"El control del proceso anterior estuvo en manos de la ciudadanía y ahora estará en los partidos. Antes había una hoja en blanco y ahora no, porque la clase política definió unos márgenes para acotar la discusión", describe Sánchez Staniak.

La politóloga se refiere a los doce principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior. Estos principios incluyen la declaración de Chile como un "Estado social y democrático de derecho", la indivisibilidad de la "nación chilena" y la pervivencia del sistema bicameral.