El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acumula su segundo pedido de juicio político en su contra en las últimas 48 horas. En esta ocasión la solicitud fue presentada por el asambleísta de la Bancada de Integración Nacional (BIN), Jimmy Candell, en cumplimiento de la resolución adoptada por el pleno de la Comisión de Educación, el 6 de mayo de 2020, que por unanimidad, doce asambleístas, decidió enjuiciar políticamente al funcionario.

La acusación es por realizar una disminución presupuestaria completamente injustificada tanto del Sistema Nacional de Educación como de los presupuestos de las Instituciones de Educación Superior públicas incluyendo aquellas particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado así como aquellas que operan en el Ecuador bajo convenios internacionales, afectando gravemente a todos los niveles del sector educativo.

En la acusación, Candell hace un desglose de los presuntos incumplimientos en los que habría incurrido el Ministro Martínez. Señala, que en el caso de la educación inicial, básica y el bachillerato, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una reducción del presupuesto asignado a la Cartera de Educación, motivo por el que define ciertas directrices por el recorte presupuestario y ordena que a partir del 30 de abril, de manera obligatoria y sin excepción se cumpla con la reducción de gastos en personal y gastos en personal para inversión del presupuesto asignado al Ministerio de Educación.

Esto se repite cuando decidió no continuar con el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional en 77 instituciones educativas públicas autorizadas del régimen Costa para el periodo lectivo 2020-2021.

“Consecuentemente, estos recortes presupuestarios al sistema educativo realizados por el Ministro de Economía y Finanzas y que fueron anunciados por el Ministerio de Educación contraviene con su obligación de financiar de manera oportuna, regular y suficiente conforme lo establece el artículo 348 de la Constitución de la República”, sostiene el asambleísta en su solicitud.

También, considera que la suspensión del financiamiento de los proyectos SAFPI, Alfabetización y Post Alfabetización que venían brindando el servicio educativo a más de 19.344 beneficiarios en edades de 2 a 3 años, así como un estimado de 146.576 que se encontraban alfabetizándose, afectan en la cuidado que debe procurar el Estado de estos segmentos sociales que se encuentran en abandono o en evidente riesgo, con lo cual se evidencia el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

En cuanto a la Educación Superior, el asambleísta precisa que el Ministerio de Economía y Finanzas, al realizar el recorte al presupuesto de la Educación Superior que alcanza al 10% aproximadamente del presupuesto total -afectando a las partidas que se utiliza para gasto corriente, es decir, pago de salario y contratos de servicios personales por contrato; y, de las partidas para el pago de contratos civiles de servicios, los cuales se utilizan en el proceso académico tanto de los estudiantes y docentes, así como, toda la comunidad universitaria- se encuentra en una evidente alteración de lo que constituye la preasignación constitucional de los recursos del sector educativo, violentando lo dispuesto en el artículo 298 de la Constitución, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas alteró los valores constantes en el presupuesto general del Estado, transgrediendo sus características de previsibilidad y entrega automática.

Sostiene que a pesar de que se ha mantenido el discurso de que el recorte se lo hace por las fluctuaciones tributarias del Impuesto a la Renta y el IVA, estos recortes han transgredido en los presupuestos de universidades públicas que no se financian con el FOPEDEUPO, como son las cuatro últimas universidades públicas que fueron creadas; Universidad Experimental Yachay Tech con un recorte de USD 1.728.627,94; Universidad Nacional de Educación con un recorte de USD 1.693.414,97; Universidad Regional Amazónica IKIAM con un recorte de USD 1.029.696,85; y Universidad de las Artes con un recorte de USD 1.138.129,20.

“Todos estos incumplimientos de la normativa de carácter constitucional y legal que se evidencian en los recortes presupuestarios al sistema de educación superior, evidencian de manera generalizada que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas no está dando cumplimiento a un deber primordial del Estado que es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, ya que tales recortes fueron realizados indiscriminadamente sin ningún criterio que permita verificar la no afectación a los estándares de calidad que deben ser considerandos obligatoriamente al momentos de la distribución de los recursos”, asegura.

Este es el segundo proceso político en contra de Richard Martínez en menos de 48 horas. El primero fue presentado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (RC), por haber priorizado el pago de la deuda externa en plena crisis sanitaria, perjudicando al sistema de salud pública en cuanto a recursos para atender las emergencias.