Militar recibe prisión preventiva por ingresar chips a la Penitenciaría del Litoral
Llevaba 16 chips ocultos en libros y alimentos; fue detenido el 7 de julio y procesado un día después
La justicia dictó prisión preventiva contra un militar en servicio activo, por el presunto ingreso de artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral el 8 de julio de 2025. El hecho ocurrió el pasado 7 de julio, cuando fue sorprendido con tarjetas SIM en su mochila.
La Fiscalía informó que el militar intentó introducir 16 chips de diferentes operadoras, algunos con saldo, ocultos entre alimentos y libros. El hallazgo se produjo durante un control de rutina realizado por la Policía Nacional en el filtro N.º 2 del centro.
Detención en flagrancia tras hallazgo de chips camuflados en libros
Una vez identificado como propietario de la mochila, el uniformado fue aprehendido y trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo. Según el parte policial, el procedimiento se realizó conforme al protocolo para casos de flagrancia.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el 8 de julio, el fiscal del caso presentó como evidencias el parte de aprehensión, las versiones de los agentes actuantes y las pruebas ingresadas en cadena de custodia.
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Fiscalía obtuvo prisión preventiva por delito con pena de hasta seis años
El juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva contra el militar. Se dispuso un plazo de treinta días para cerrar la instrucción fiscal.
La Fiscalía formuló cargos con base en el artículo 275, incisos segundo y quinto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito contempla una pena privativa de libertad de tres a seis años, al tratarse de un funcionario público.
Fuerza Armada activó medidas disciplinarias contra el uniformado
La Fuerza Armada confirmó la detención del militar y expresó su rechazo al hecho. “La institución actuará con firmeza en el marco de la ley y los procesos disciplinarios ya están en curso”, señaló en un boletín oficial.
Este caso se suma a otros similares ocurridos en los últimos meses, que han generado preocupación por posibles redes de complicidad dentro de los cuerpos de seguridad encargados del control carcelario.
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