La tarde del jueves 13 de enero se llevó a cabo la audiencia de acción de protección presentada por los habitantes de Socio Vivienda 2 contra el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que les exige un copago, no notificado antes de la reubicación, para que puedan recibir los títulos de propiedad de sus viviendas. El juez declaró sin lugar la acción.

Durante la audiencia, Jorge Estrella, ex gerente del Miduvi, afirmó que la política del copago nunca estuvo planificada.

La acción de protección fue interpuesta el 9 de diciembre, afirmando que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la vivienda, seguridad jurídica y a recibir políticas públicas a los residentes de Socio Vivienda, por un acuerdo ministerial posterior a la reubicación, y que, según ellos, se ejecuta de manera arbitraria.

Los moradores piden que se cumpla con su derecho a la vivienda tal y como se les había ofrecido antes de ser desalojados de las orillas del estero, donde llevaban cerca de 10 años asentados.

El juez Humberto Barzola señaló en su sentencia que la vía constitucional no era la adecuada para reclamar aquellos derechos vulnerados, y que debían reclamar “una aplicación de un acto administrativo”, dejando sin lugar la acción de protección.

Adam Cruz que tiene una discapacidad del 75 % y es habitante del sector, dice que esta decisión es catastrófica. “Este juez ha tirado a la basura nuestro anhelo de conseguir justicia”.

Para Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una de las organizaciones que da acompañamiento a los afectados, es importante que el juez haya reconocido los antecedentes de que la política de copago fue impuesta de forma arbitraria, pero afirma que el análisis jurídico fue errado.

A pesar de la indignación, los habitantes permanecerán a la espera de la apelación y una nueva audiencia con un juez superior. 

El contexto

Entre el 2010 y el 2011 se crea el proyecto Guayaquil Ecológico para recuperar el Estero Salado por la contaminación producto de los asentamientos en las riveras del manglar. Entre las disposiciones, se encontraba el desalojo y reubicación de las familias que ahí habitaban.

El Miduvi, en ese entonces, les planteó dos alternativas: quedarse sin hogar o acogerse al plan habitacional Socio Vivienda 2.

En el temor de quedarse sin un lugar donde vivir, las cerca de 7 mil familias firmaron cartas de adjudicación de viviendas a cambio de los desalojos forzosos.

El Miduvi les notificó 6 meses después que debían cancelar $ 900 como forma de copago para acceder a sus títulos de propiedad, y ante la falta de seguridad son susceptibles de desalojo. Sin embargo, ese valor nunca se menciona en ninguno de los documentos que firmaron los afectados.