El Ejecutivo aún tiene algunas dudas sobre el contenido del proyecto de reformas al Código de la Democracia aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre, por lo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció hoy jueves 26 de diciembre del 2019, que se trabaja en un veto parcial a los textos aprobados por los legisladores. Las objeciones serán enviadas hasta el 3 de enero para conocimiento del Parlamento.

“El 2020 es un año en donde se tiene que perfeccionar, se tienen que consolidar las transiciones. La transición de regímenes autoritarios a democráticos, de normas autoritarias a normas democráticas, el que se termine de consolidar la reforma al régimen electoral (…) Las reformas electorales son clave, están ya en la última fase posible, en unos pocos días estaremos discutiendo públicamente. Al momento nosotros (el Gobierno) lo estamos haciendo a lo interno sobre el contenido del veto del Código de la Democracia. El plazo termina el 3 de enero, lo entregaremos en el plazo que corresponde, estamos trabajando en eso y esto tiene repercusiones importantes”, afirmó la Ministra Romo en Radio Quito.

El proyecto de Ley aprobado por la Legislatura con un promedio de 87 votos, se lo dividió en dos partes, sin los votos de los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano (PSC). Contiene, entre otros cambios, la reforma al método de asignación de escaños, al cambiar el D´Hont por el de Webster y habrá votación por listas cerradas.

Justamente este último tema fue el que menos votos obtuvo en el trámite de aprobación, con solo 76 votos.

Además, estipula que, desde la convocatoria a elecciones, el gasto público en comunicación y publicidad se regirá por el promedio mensual del año anterior, para evitar más gastos de precampaña; prohíbe las donaciones anónimas; el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que elaborar un reglamento para hacer el cotejo entre registro de donantes y presupuesto de campaña con el gasto total de la campaña.

También, exige la devolución del 50 por ciento de gastos incurridos a costa del Estado a las organizaciones políticas que no superen el cuatro por ciento de votos válidos; implementa el debate obligatorio de los candidatos a la Presidencia de la República y de los candidatos a la prefectura en las provincias que superen los 200.000 habitantes; en el tema de paridad de género se plantea que las mujeres encabecen el 50 por ciento de las listas para candidaturas uni y pluripersonales; para el efecto, en el 2021 el porcentaje de mujeres que encabezarán las listas será del 15%; en el 2023, de 30%; y, el 2025 llegará al 50%.

Así mismo, se aprobaron los referentes a la transparencia electoral; gasto de campaña; bancarización de aportes y registro de los mismos por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SR); justicia electoral; el cambio de listas abiertas a cerradas, entre otras.