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El lunes inicia el tercer juicio para Pablo Romero, exsecretario de la Senain

El exfuncionario fue investigado por el supuesto uso de gastos especiales para el pago de un informante, cuya existencia se puso en duda

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Audiencia. El exsecretario dela Senain Pablo Romero siguió el juicio por el plagio de Fernando Balda desde el Centro de Detención de El Inca, en Quito.Cortesía

El próximo lunes a partir de las 08:30 se ha convocado al juicio por presunto peculado en contra del exsecretario de la exSenain Pablo Romero Quezada y otros. Será el tercer intento de instalar la audiencia de juzgamiento. También será el tercer juicio para Romero condenado a nueve años por el secuestro del activista político Fernando Balda

El fallo fue apelado por su defensa y será resuelto por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

El exfuncionario del correísmo a quien también se intentó incluir como candidato a asambleísta por UNES, la agrupación que impulsa a la Presidencia del Ecuador al binomio Andrés Aráuz-Carlos Rabascal, también fue sentenciado por ingreso de artículos prohibidos a la cácel de El Inca en donde está recluido desde febrero. Su candidatura fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral.

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En el juicio por peculado, que está previsto concluya el jueves 29 de octubre, se ha convocado a un medio centenar de testigos y peritos. Entre los nombres que constan en la lista están el excontralor Carlos Pólit, el contralor subrogante Pablo Celi, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, el exfiscal Galo Chiriboga, Los exsecretarios de Inteligencia Jorge Costa y Rommy Vallejo, el exministro de Seguridad César Navas, entre otros. 

Por la emergencia sanitaria del coronavirus la diligencia se hará vía telemática. Pero el presidente del tribunal Marco Rodríguez dejó abierta la posibilidad para que quienes quieran acudir a la Corte asistan. 

El llamado a juicio se hizo en julio de 2019. Romero fue señalado como posible coautor del ilícito. Al momento de su presunta comisión era secretario de Inteligencia en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

También fueron llamados como coautores Cecilia Santillán excoordinadora de control de Contrainteligencia, Jorge Garzón excoordinador de Gastos Especiales y Juan de Dios Lozano exdirector de Gastos Especiales. Se consideró cómplice a Walter Olaya exagente operativo. El caso inició por un examen de la Contraloría al uso de los fondos públicos permanentes de gastos especiales de la exSenain entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2013.

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Entre los hallazgos el organismo de control señaló que, dentro de los gastos especiales presentados por Romero que suman 13.3 millones de dólares, consta en ese monto la denominada operación 'Caminito' por 110.984.20 dólares. Se habría tratado de una operación de contrainteligencia que según la orden emitida por Romero y Garzón inició el 1 de julio de 2013. 

En esa operación se habría mencionado que era para contrarrestar un ataque de hackers a las cuentas de correo de funcionarios de gobierno y otras autoridades. Se habría logrado reclutar a uno de los disidentes (informante que en la Senain) identificado con el alias de 'Ruso'.

La responsable de la operación habría sido Santillán quien habría requerido fondos, autorizados por Romero y entregados en efectivo a Lozano. Los recursos habrían sido  destinados al supuesto informante a través de Walter Olaya. Este último fue señalado como agente operativo y que realizó varios viajes a Montevideo-Uruguay. En ese país habría entregado al informante varios montos que totalizan 100.000, entre dólares y euros. 

En la investigación de la Fiscalía no consta el producto entregado por el supuesto informante. Según las investigaciones de la Fiscalía los datos de la ficha humana que reposaban en la exSenain no corresponderían al informante identificado en primer lugar como Edward Soler, con pasaporte español. Según la información que España entregó a la Contraloría ese pasaporte fue dado de baja por pérdida por robo en marzo del 2011.

En la audiencia preparatoria la Fiscalía señaló que los funcionarios públicos dispusieron arbitrariamente de fondos, solicitando autorizaciones, disponiendo de valores de la cuenta de gastos especiales para pagar a una persona no identificada, sin que existan los respaldos de los productos ni se evidencie los resultados de la supuesta operación. Tampoco hubo la certeza de a que persona se entregó el dinero por lo que se estableció un perjuicio al Estado por 162.546.19 dólares.

El juez alertó a las partes procesales que es su responsabilidad la comparecencia de sus testigos y peritos. Recordó también que pueden ser objeto de sanciones ante una ausencia injustificada a la diligencia.