La Secretaría detalló a EXPRESO que realiza una evaluación minuciosa en las instituciones del Estado para prevenir actos de corrupción. Aclaró que no fiscalizan ni ejecutan investigaciones, pero sí otorgan métodos para reestructurar procesos.

¿Cuáles son los objetivos que ha enmarcado en este primer trimestre esta Secretaría?

Nuestro objetivo ha sido apoyar el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la prevención. Nos hemos permitido esclarecer las responsabilidades de cada función del Estado, y hemos adaptado estrategias preventivas dentro de las instituciones públicas donde existe, evidentemente, mayor riesgo de que se cometan actos ilícitos.

¿Esta Secretaría también fiscaliza y toma acciones en los casos de corrupción?

Esta Secretaría no es una fiscalía ni una procuraduría o un juzgado de la Contraloría, trabajamos más bien desde la presencia para detectar los principales riesgos de corrupción y categorizarlos. Evidenciarlos, en temas de información y procesos, ya le compete a las instituciones rectoras como la Fiscalía, Contraloría y el Gobierno. En términos de desarrollo de prevención, le corresponde a la misma institución, porque no se puede trabajar en prevención desde la Presidencia de la República.

¿Cómo controlan el riesgo?

Debe haber un equilibrio entre la auditoría interna y la auditoría externa de una institución. No se puede confiar en la honestidad de una institución, salvo que lo determine la Contraloría. Nuestra función netamente es llegar a la institución y evaluar cuáles son los riesgos de corrupción y trasladar metodología para que la misma dinámica interna de la institución los detecte.

¿Cuál es la solución?

La solución para resolver la corrupción en el país no es cortar en pedazos al Estado, es volver a reestructurar el gasto estatal en calidades, al igual que los servicios públicos. Hay muchos mecanismos.

¿Quiénes forman este escenario de riesgo en el país?

Está formado por 400 mil funcionarios y 170 instituciones públicas que pueden incidir en actos de corrupción.

¿Cuáles son las áreas de las instituciones que están mayormente comprometidas?

De la corrupción de arrastre del país, la que se ha venido acumulando en las últimas dos décadas, tenemos un estacionamiento muy denso de corrupción alrededor del área de inversión pública. Es la magnitud más importante en términos cualitativos, y es probablemente la más importante de las producciones.

¿Qué han podido evidenciar?

De grosso modo. En las instituciones públicas hay un grado de discrecionalidad muy alto en la toma de decisiones que rebasa la norma. Esto termina premiando a la corrupción. También hay problemas graves de refinanciamiento, una estructura financiera para la oferta y demanda de quien recibe el contrato. Hay una gama muy grande de mecanismos no utilizados por la ciudadanía en rendición de cuentas, ni en el Estado ni en la ciudadanía. Hay muy pocas rendiciones reales que te permitan visualizar una mediana salida de los procesos.

¿Qué instituciones son?

Hay un listado de 30 instituciones públicas en las que se ha detectado riesgos, entre esas está el Ministerio de Salud, Educación, el Servicio Nacional de Aduana, entre otras.

¿Qué pasa en la Aduana?

Hay abuso de la discrecionalidad, normas que se interpretan de forma errónea, canales de denuncias y certificación antisobornos que pueden causar impunidad. Hay cohecho por emitir acciones de control y tráfico de influencias por venta de cargos publicos.

¿Esta Secretaría hizo la denuncia sobre la venta de cargos públicos que vincula a Juan José Pons, exasesor ad honorem de la presidencia?

La denuncia la hizo el Servicio Nacional de Aduanas mucho tiempo atrás. Sobre los problemas que existan, queremos trabajar in situ para detectar el proceso que está fallando y poder reestructurarlo.