La ‘Termocuna’ los une para reclamar la verdad
A casi un año de la apertura del expediente, el proceso de la ‘Termocuna’ retrocedería a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, dada la nulidad que provocó el dictamen mixto de la Fiscalía, por no haber enviado primero a consulta. El próximo
Defienden en orillas distintas, pero proclaman un denominador común: buscan la verdad y transparencia en la justicia.
Los abogados Juan Vizueta, Héctor Vanegas y Hernán Ulloa se unieron ayer para decir “¡basta!” a lo que consideran una injerencia en la administración de justicia ecuatoriana, pero en particular, en el proceso que se sigue contra ocho personas; entre ellas dos médicos de nacionalidad cubana, por la muerte de un neonato en una termocuna.
El primero defiende a los padres de la pequeña víctima; los otros dos, a tres procesados que inicialmente fueron beneficiados con un dictamen abstentivo. “Así como los medios de comunicación reclaman la libertad de expresión, nosotros como defensores estamos acá para exigir, pedir y reclamar al Ejecutivo y al Consejo de la Judicatura que saquen sus manos de la Justicia...”, dice Vizueta.
En un breve recuento, revela que el caso de la ‘Termocuna’ va por el quinto fiscal y el tercer juez, desde junio de 2015, dos meses después del hecho registrado el 11 de abril de ese año.
Pero fue en diciembre pasado, que -según Vizueta- evidenciaron la interferencia que tenía la administración de justicia, cuando el juez Juan Carlos Vizuete, quien llevaba en ese entonces la causa, expuso en providencia que había recibido presiones de un funcionario de la Judicatura. Meses después fue destituido por otro caso.
La denuncia generó la apertura de un acto administrativo que fue archivado, mientras que la Fiscalía abrió un expediente para investigar el presunto delito, en el que Vizuete dio nombres y apellidos de quien lo habría presionado en el caso.
Hernán Ulloa considera que es la oportunidad “para reclamar ante la opinión pública y a las autoridades principales de la Judicatura que no pueden tapar este tipo de actos que lesionan a la majestad de la Función Judicial”.
Y si no presentan a quien presionó al exjuez y los vídeos de aquel día, Ulloa dice que piensa presentar una denuncia en contra de directivos de la Judicatura, por un presunto delito de fraude procesal. Una acción que es apoyada por Vizueta y Vanegas. No quieren ser “cómplices de aquello que afecte el debido proceso... ni permitir que se tape la verdad”.
Tamara Franco lo único que pide a las autoridades es que “dejen de meter sus manos y dejen que el proceso siga el curso que tiene que seguir y paguen los verdaderos responsables” de las quemaduras que le provocaron la muerte a su hijo, Jeramy.
