‘Secuestrados’ por sus madres (o padres)

Dos años y un mes que Óscar no ve a su hija. Se quiebra mientras rememora su ausencia. Recuerda los momentos que compartía con ella y el último día que la vio. Ha vivido, dice, una denuncia falsa, un largo proceso legal por un régimen de visitas... Y nada. Sigue sin saber de la pequeña. Como si se hubiera desvanecido, como si se tratara de un “secuestro”. No es el único caso. Hay otros padres (y madres) que han sido alejados de sus hijos tras un divorcio o separación y que luchan por volver a verlos.

Ramiro (nombre protegido) no ha podido abrazar a su niña desde hace tres años, cuatro meses y tres días. “La mamá unilateralmente decidió irse de la casa secuestrando a mi hija. Ella no quería irse... teníamos una relación muy buena”, cuenta. La cambió de escuela para evitar el contacto con su padre. Pese a ello la niña, hoy de 12 años, seguía intentando comunicarse con él, enviándole cartas a través de sus compañeros, pero no más.

En los casos de Óscar y Ramiro hay un factor común: las denuncias (falsas, dicen los padres) por violencia intrafamiliar. El primero estuvo en prisión siete días y, desde entonces, la madre de su niña lo ha bloqueado de las redes sociales, se mudó de casa y, asegura él, no contesta las llamadas. El segundo consiguió, luego de tres años, comprobar que la denuncia era falsa, aunque la situación no ha cambiado.

Hay algo más. Las madres (o padres) tras denunciar violencia intrafamiliar (en su mayoría) obtienen una boleta de auxilio, lo que limita aún más el acercamiento con los hijos. “¿Cómo es posible que un niño no pueda estar con su papá, sabiendo que él también quiere cuidarlo?”, se pregunta Óscar, quien afirma que, aunque no ha visto a su hija, hoy de cuatro años, no ha dejado de pagar la pensión alimenticia.

Santiago Villarreal, fundador del Colectivo Coparentalidad Ecuador y también padre que ha luchado cerca de diez años por esta causa (y que ahora busca la custodia de su hija), señala que “el sistema que maneja el país promueve la disputa de los hijos”. La Constitución habla de la corresponsabilidad parental, garantiza los derechos de los niños y el deber de padre y madre en condiciones iguales. “Hasta ahí, maravilloso”. ¿Pero qué pasa cuando llega el divorcio? “Se inicia este drama humano”, asevera.

Villarreal comenta que “de todos los papás que hemos pasado por estos temas, el incumplimiento de los regímenes de visita es el más común”. Pan de todos los días. Y el problema, según él, es que no hay sanciones claras. ¿Qué hacer? Elizabeth Regalado, máster en Derecho de Familia y especializada en Derecho Penal, indica que en Ecuador no está tipificado el secuestro parental como en otros países, aunque hay un artículo en el Código de la Niñez y Adolescencia (el 125) que habla de la obstrucción de vínculos parentofiliales. Sin embargo, hay una confusión de dos figuras: la retención indebida de los hijos y la obstaculización del régimen de visitas, que de alguna manera respaldan a los custodios de los niños, que en su mayoría son las madres. En el caso de que haya un incumplimiento, se podría sancionar incluso con apremio, detalla.

En cambio, “si el progenitor no custodio no puede ver a su hijo, lo primero que hace es un llamado de atención, y otro, y otro... mediante partes policiales. Se eleva el informe al juez que dispuso las visitas. Y así pueden pasar años”.

La experta explica además otras formas de “secuestro entre comillas”. Cuando las madres (o padres) se llevan a los niños fuera del país y desaparecen. O cuando el tenedor legal, porque está permitido en el país, decide unilateralmente cambiarse de domicilio con el niño.

Óscar ha empezado dos juicios: el de régimen de visitas y el de rebaja de la pensión alimenticia. Sin embargo, hay un problema: que para citar a la madre de su niña debe conocer la dirección de su domicilio. No lo sabe. Entonces la justicia le dice que, tras tres intentos, debe publicarlo en la prensa. Han pasado cinco meses desde que comenzó este proceso, pero aún no encuentra la luz. Y es un “dolor inmenso” porque “no sabes qué le pasará, qué necesitará, cómo vivirá, qué le gusta...”.

Andrés Ortiz Lemos, doctor en Estudios Políticos, realizó una investigación junto con dos personas sobre la obstrucción de vínculos parentales como una forma de violencia contra los niños, y finalmente la publicó en el libro ‘Cuando nos volvamos a ver’. Ortiz explica que es importante tomar en cuenta la cantidad de divorcios que ha habido entre 2006 y 2016. Se incrementaron en un 83,45 %, pasando de 13.981 a 25.468. “De esta cifra, el 8 % corresponde a custodias paternas. El resto, maternas”.

En el texto, Ortiz señala que casi en todos los casos, los jueces asignaron la tenencia a la madre “prácticamente sin necesidad de hacer indagaciones de ningún tipo”.

Añade que la obstrucción parental no la viven solo los padres. Expone el caso de María Paz, quien al igual que Óscar o Ramiro ha debido enfrentar una historia parecida. Ella perdió la custodia de sus dos hijos, pero en marzo de 2016 uno de ellos, que cumplió los 16, decidió vivir con ella y firmó un documento. A pesar de eso, la madre sigue pagando la pensión alimenticia a su expareja.

Ortiz finalmente menciona que “el papá (o mamá) separado y sin custodia dependerá de la voluntad del otro progenitor para ver a sus hijos o no. Y prácticamente no existe ningún mecanismo legal para procesar este requerimiento y esta necesidad”.

“Planteamos que los agresores no puedan ver a sus hijos”

Un viernes de agosto, Paola Moromenacho viajó a Cayambe para retirar a su hija, quien estaba en la casa de su padre (cumplía con el régimen de visitas decidido por un juez).

Quedaron en encontrarse en una cafetería. Nadie supo de ella hasta que apareció muerta. Había ocurrido un femicidio. Una familiar de la víctima, que prefiere el anonimato, indica que no se tomaron en cuenta los informes de una psicóloga que detallaban que el papá de la niña era violento. Dijeron, entonces, que el problema no era con la menor sino con la exmujer y le concedieron las visitas. “Él se aprovechaba de ese régimen para no romper el vínculo con ella”.

Pilar Rassa, coordinadora nacional del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna y directora del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Pichincha, señala que la legislación ecuatoriana prevé la posibilidad de que los padres puedan disputar no solamente la tenencia de los hijos, sino además las visitas. Entonces cuando uno de los progenitores, aquel que esté a cargo de la tenencia del niño, le impide al otro la visita, se puede pedir ante los juzgados que el otro progenitor le permita verlo. Eso quiere decir que existen mecanismos legales para evitar romper los lazos parentales. “Es una afirmación errónea decir que la madre puede impedir la visita del padre”.

En cuanto al tema de la violencia, esta afecta a niños, niñas y adolescentes porque los padres los ven en la práctica como un objeto de disputa y una forma de venganza contra el otro progenitor. Esto es grave. “Si queremos que la violencia no afecte a los niños y niñas no debemos ejercerla. Hay que prevenir. Nosotras planteamos que los agresores no puedan ver a sus hijos, sí, lo planteamos en la medida en que no dejen de agredir tanto a la madre y de manera secundaria a los hijos (...) Creo que si los agresores no tienen un tratamiento psicológico, efectivamente no pueden ver a los hijos”. Plantea que esa debe ser una reforma que se haga en el Código de la Niñez y Adolescencia.