‘Guardianes’ de la revolucion

Una nueva clase de ciudadanos está emergiendo en Venezuela: los patriotas cooperantes. Para el Gobierno de Nicolás Maduro son los garantes de la revolución socialista que ponen a raya al ala más radical de la oposición. Pero sus adversarios sostienen que el término no es más que un eufemismo para el ejército de soplones con el que las autoridades buscan sembrar el miedo y evitar la disidencia. No tienen rostro, ni identidad, pero sus testimonios son suficientes para iniciar causas legales plagadas de irregularidades, que erosionan la imparcialidad del sistema de justicia y el equilibrio de poderes de la democracia venezolana. Documentos de los juicios donde fueron testigos principales y a los que Reuters tuvo acceso, muestran que su número y los detenidos por sus delaciones van en aumento. Contraviniendo las leyes locales, decenas de venezolanos han sido procesados por estas denuncias anónimas, acusados de tener la voluntad de perpetrar un delito aún antes de intentar cometerlo. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rodolfo González. Al regresar del cine, una noche de abril del 2014, funcionarios del servicio de inteligencia allanaron su apartamento en el este de Caracas y se lo llevaron esposado bajo cargos de ser “uno de los cerebros” de las protestas contra Maduro que, a principios de ese año, dejaron 43 fallecidos. El llamado que alertó a los agentes provino de un patriota cooperante anónimo que les suministró una grabación de audio de González que no ha sido presentada en el juicio y donde, supuestamente, el expiloto comercial planeaba “actos desestabilizadores” contra el Gobierno. Esa misma noche, González, de 63 años, fue encerrado en un oscuro calabozo del servicio de inteligencia, Sebin, donde, casi un año después y sin que hasta ese momento se hubiese iniciado el juicio en su contra, se quitó la vida ahorcándose con su cinturón cuando estaban a punto de trasladarlo a una cárcel. “Sin más pruebas ni investigaciones, solo por el testimonio anónimo de un patriota cooperante, hemos cambiado radicalmente nuestras vidas”, se lamentó con la voz quebrada Lissette, la hija de González. Desde su oficina en una universidad de Caracas donde trabaja como profesora, Lissette insiste en la inocencia de su padre y dispara contra el Gobierno. “Su estrategia es desmovilizar apostando al miedo. Si uno empieza a sospechar que cualquier cosa que digas puede terminar en una acusación, no te va a dar miedo marchar o protestar sino, incluso, hablar con el vecino”, caviló la socióloga. El Gobierno no respondió a las solicitudes de Reuters para hablar sobre el tema, pero en varias oportunidades ha elogiado a los patriotas cooperantes y hasta el propio Maduro ha invitado a sus huestes a sumarse. “Llamo al pueblo venezolano a estar alertas y a que nos convirtamos en millones de patriotas cooperantes para garantizar la paz de este país, la estabilidad de este país”, dijo recientemente, puño derecho en alto, ante miles de adeptos. Desde el retorno de la democracia a Venezuela en 1958, nunca se había fomentado desde el Estado la vigilancia y la delación entre ciudadanos. Pero todo cambió el 31 de marzo del 2011. Ese día, tras una caminata de seis horas a través de la selva venezolana, miembros del Ejército detuvieron a dos nacionales y dos colombianos supuestamente dedicados a la minería ilegal. Los uniformados llegaron al lugar, en el estado sureño de Amazonas, gracias al aviso de dos “patriotas cooperantes”, según consta en el expediente del juicio. Ese fue el primer proceso en el que aparecieron individuos protegidos bajo aquella figura anónima. Desde ese momento hasta el 2013 fueron iniciados menos de una decena de casos judiciales por estos delatores sin nombre. Pero fue a partir de 2014, durante las violentas protestas contra Maduro, que empezaron a multiplicarse. Desde entonces y hasta ahora ha habido al menos 20 casos, según un recuento de Reuters ante la falta de estadísticas oficiales o de organizaciones civiles. Ocultamiento Actuación al margen de la ley El abogado José Vicente Haro, quien ha defendido a una veintena de personas inculpadas por patriotas cooperantes, dice que “sin duda (estos juicios) están aumentando. Antes no había visto esa figura”. Para Haro y otros juristas ese incremento es igual de preocupante que su actuación al margen de la ley. En las decenas de expedientes cotejados, se asegura que los denunciantes no aportaron datos filiatorios por temor a “represalias”. “Eso impide que el defensor pueda interrogar a esa persona en juicio para verificar sus dichos y contrastarlos con la realidad”, se quejó Haro. De hecho, tal procedimiento va en contra de la Legislación venezolana. La única excepción aplica para operaciones encubiertas en casos de delincuencia organizada o terrorismo, y siempre, previa autorización judicial. Además, aquellos agentes encubiertos deben pertenecer a los organismos de seguridad del Estado.