‘Actuamos apegados a la ley’

En la decisión de cesar de sus cargos a doce profesores titulares no hubo represalias ni motivaciones políticas, alegan las autoridades de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE). La rectora de esa institución, Lilia Valencia, entregó su versión sobre la separación de los docentes -10 de ellos por compra de renuncias obligatorias y 2 mediante sumarios administrativos- y la legalidad del último proceso de elecciones que investiga el Consejo de Educación Superior (CES), hechos que lo dio a conocer EXPRESO en su edición del pasado lunes. “Las decisiones están tomadas con la responsabilidad del caso, con lo que la ley me autoriza”, afirmó Valencia, quien estuvo acompañada del vicerrector académico Jimmy Candell, del procurador de la entidad, Ernesto Velásquez, siete decanos y otros funcionarios. Todos los académicos cesados integraron la lista opositora en las elecciones de autoridades efectuadas el 27 de mayo de 2015, que fueron ganadas por Valencia y Candell. “No lo veamos como que sea una coincidencia o no”, dice la rectora, antes de cuestionar: “¿Trabajaría con personas que reman contra Ud?”. Asegura que la salida de esos profesores no ha afectado el desenvolvimiento académico de la entidad. “El 7 de enero que regresamos a nuestras actividades normales, ningún estudiante tuvo la falta de sus profesores; todo estaba cubierto con la misma planta de docentes que tenemos”. La separación de 10 docentes obedece a un plan de optimización institucional que inició en 2014, asegura la rectora. El mismo programa -explica- prevé crear un concurso de méritos y oposición para contratar 29 profesores, sin fecha aún para la convocatoria. “Debe contratarse lo que la ley hoy nos pide para poder acreditar las carreras y recategorizar la universidad”, agrega. Aclara que el cese de dos profesores (Xavier Tomalá, (exrector; y Freddy Villao, decano) tras los respectivos sumarios administrativos, fue una decisión del consejo superior de la universidad. “Ahí hay una acción disciplinaria que se siguió contra ellos por estar actuando en contra de la institución y desestabilizando”. Según ella, los sancionados usaron indebidamente un informe que emitió la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación (Senescyt) en junio de 2015 sobre la existencia de posibles irregularidades en la elección de rectora y vicerrector de la UPSE. “Ellos han trabajado con eso dando por hecho que hay las irregularidades, cuando se trata de un informe preliminar que va a servir para que el CES pueda seguir con la acción”, menciona Valencia. El documento de Senescyt, como lo publicó este Diario, declara nulos actos del proceso preelectoral y el incumplimiento de requisitos para ser candidatos por parte de Valencia y Candell, así como de Mercedes Freire (candidata a vicerrectora por la lista opositora). Sobre este caso, se espera un informe final que en el presente mes debe emitir una comisión de doctorados asignada por el CES. Las autoridades de la UPSE señalan que recurrirán a recursos legales en caso de que ese informe les sea desfavorable. “Nosotros también tenemos a la justicia que nos permite hacer algún alegato respecto a eso”, anunció la rectora.