El lider minero boliviano, imputado por asesinato

El Gobierno boliviano condicionó el restablecimiento del diálogo con los cooperativistas mineros al esclarecimiento de las muertes del viceministro Rodolfo Illanes y de otras cuatro personas.

“Si no se establece quiénes han sido los responsables, ¿con quién se va a dialogar? Por ahí, uno se sienta a dialogar con un criminal”, dijo ayer el ministro del Interior, Carlos Romero, a la televisora estatal Cadena A.

El ministro aludía a los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), a quienes se responsabiliza del asesinato de Illanes, el viceministro del Interior.

Precisamente en la madrugada de ayer, y tras una audiencia de siete horas, la justicia remitió preventivamente a una cárcel a los seis principales dirigentes de los cooperativistas, entre ellos su presidente, Carlos Mamani.

“La comisión de fiscales determinó la participación de los imputados en la muerte del viceministro, en algunos casos en grado de autoría y en otros de complicidad”, explicó el fiscal Edwin Blanco.

El viceministro fue torturado y asesinado el jueves por mineros con los que había ido a dialogar en busca de una solución al conflicto, que había conducido a la ocupación de rutas y disturbios. Los enfrentamientos entre la policía y los mineros dejaron cuatro manifestantes muertos, “tres por bala y uno por mala manipulación de dinamita”, dijo Romero.

Romero reiteró la versión del presidente Evo Morales de que el conflicto era una “conspiración” preparada para derrocarlo. “Otra vez el Gobierno ha derrotado un golpe de Estado”, dijo el gobernante.

Romero exhibió parte de los explosivos empleados por los mineros en sus cortes de rutas, entre ellos dinamita, anfo y bombas caseras acondicionadas para multiplicar el poder explosivo de la dinamita.

Según Romero, ese arsenal podía destruir un edificio de 25 pisos o un teatro con aforo para 15.000 personas.

El conflicto se originó porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el Gobierno argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está prohibido por la Constitución. AFP