A las cinco mesas de diálogo instaladas en junio como resultado de lo que se llamó “acuerdo de paz” entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, se sumaron esta semana otras dos: una sobre derechos colectivos y otra para discutir, en palabras del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, “el tema de la reparación integral sobre los afectados a consecuencia de recibir toda la violencia del Estado en las movilizaciones de esos 18 días en el mes de junio”. En cuanto a la violencia generada por los manifestantes (que fue planificada, estratégica e implacable), la demanda de dejar en la impunidad (otra vez) todos los delitos cometidos, inicialmente excluida de los diálogos, tal como aceptó el propio Leonidas Iza el día de la firma del acuerdo, ha evolucionado hasta convertirse en una postura indeclinable. El eufemismo al uso es “judicialización”, que transmite vagamente la idea de que delinquir durante las protestas es normal, pero perseguir esos delitos, un abuso. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, parece estar de acuerdo con esto o cree, por lo menos, que la justicia es negociable: ha pedido que la Fiscalía participe en las mesas de diálogo. Y mientras Leonidas Iza pone todos los énfasis en los desacuerdos, una extraña y peligrosa reunión tiene lugar en la amazónica comunidad cofán de Sinangoe, a orillas del río Aguarico (provincia de Sucumbíos). Una reunión que bien haría el país en tomársela más en serio que todas las mesas de diálogo juntas. Son las guardias indígenas, que ya actuaron durante el levantamiento de junio, y ahora están en pie de guerra.

Esta historia empieza el pasado mes de marzo, cuando la Corte Constitucional conoció una acción de protección presentada por los cofanes de Sinangoe en contra de medio centenar de concesiones mineras (32 otorgadas y 20 en trámite) situadas alrededor de dos ríos de su territorio. La sentencia confirmó la vulneración de los derechos de la comunidad a la consulta previa, al agua, al territorio y a vivir en un ambiente sano. En consecuencia, ordenó una serie de medidas de reparación. Pero eso no es todo. Ocurre que los funcionarios del Ministerio del Ambiente que defendían al Estado habían llamado la atención, en el transcurso de las audiencias, sobre la presencia de guardias indígenas (se entiende que armados) patrullando el territorio: “Hay que tener mucho cuidado -dijeron- porque se estaría formando una policía o milicia paralela”. La Corte no lo vio así: por el contrario, decidió avalar expresamente esa práctica, restándole todo dramatismo a la denuncia del ministerio: “Respecto de la creación de una guardia indígena -dice el párrafo 138 de la sentencia- se encuentra que esta también forma parte de sus usos y costumbres y responde a la facultad que tienen las comunidades y pueblos indígenas para la generación y ejercicio de la autoridad dentro de su territorio ancestral (...) sin que por ello pueda considerarse ‘per se’ que exista una policía o milicia paralela”.

La siguiente ocasión en que el Ecuador tuvo noticia de las guardias indígenas fue la noche del 21 de junio y estaban saqueando la ciudad de Puyo. Incendiaron dos unidades de policía comunitaria, prendieron fuego a 18 patrullas, hirieron a seis uniformados y secuestraron a otros tres. Durante más de tres días fueron los dueños absolutos de una ciudad fantasma.

En las redes sociales circularon profusamente las imágenes de un numeroso escuadrón de personas armadas con carabinas que descendían de un bus en algún lugar de la Amazonía, mientras se escuchaba la voz de una mujer diciendo que todavía les faltaba traer otro grupo. Luego se sacaron fotos con las carabinas en alto, desafiantes. En Shushufindi, asesinaron a un militar de un tiro. La hermana Elsie Monge, activista por los derechos humanos, culpó a los militares: que su presencia era una provocación, dijo.

Ahora los guardias indígenas de todo el país acaban de celebrar, en la comunidad cofán de Sinangoe, su primer encuentro nacional. Citan el párrafo de la sentencia de la Corte Constitucional que avala su existencia y emiten una suerte de decreto que, con esa jerga tan apreciada por las izquierdas, han denominado ‘Mandato de la Guardia Indígena’.

El texto está firmado por Leonidas Iza y los dirigentes Nanki Wampamkit, por la Confeniae, y Patricio Copara, por la Ecuarunari, y empieza así: “En base a nuestro derecho a legislar y ejercer gobernanza en nuestros territorios ancestrales, determinamos fortalecer nuestra Guardia Indígena y comunitaria que nace del mandato de nuestros mayores, que es una estrategia de resistencia milenaria, colectiva y civil para la defensa de la vida y el territorio frente a las graves amenazas contra nuestro territorio y nuestro pensamiento propio”.

El comunicado no especifica en qué consistirá en la práctica ese reforzamiento de la guardia. ¿Multiplicar los reclutamientos? ¿Incrementar los entrenamientos? ¿Proveerse de más y mejores armas? Probablemente todas esas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que, tanto en su forma como en su contenido, el mandato de la guardia indígena alude a una guerra cuyo estallido parece inminente. Habla de “un contexto social y político que amenaza constantemente a los territorios y viola sistemáticamente el ejercicio de nuestros derechos”, y dispone la defensa de los derechos colectivos, así como la vigilancia del “cumplimiento de obligaciones del Gobierno nacional”. Para ello desarrollarán “diversas estrategias y mecanismos de defensa y protección, partiendo desde la formación ideológica, política y organizativa”. Es decir: la conversión de los guardias indígenas a la religión del comunismo indoamericano.

Que Leonidas Iza encargue a un grupo violento y fanatizado la tarea de “vigilar el cumplimiento de obligaciones del Gobierno nacional” mientras conduce las mesas de diálogo a su fracaso inevitable, es algo que debería activar todas las alarmas. Él entiende el diálogo no como un espacio de concesiones mutuas, donde ambas partes tienen que ceder, sino como una instancia de aprobación de todas sus demandas. Demanda que no es aprobada, se convierte en un incumplimiento del Gobierno. Y aquí es donde entra la guardia indígena, según se desprende de mandato aprobado esta semana en Sinangoe.

El presidente de la Conaie se prepara para la guerra y el ministro de Gobierno pretende incluir a la Fiscalía, a la Corte Nacional y al Consejo de la Judicatura en un vergonzoso pacto de impunidad muy propio de su estilo: “Es importante que ellos se integren a la mesa y que escuchen qué es lo que tienen que decir las organizaciones sociales”. En nombre del ancestralismo y la pluriculturalidad se preparan los peores atropellos a la democracia.

Iza prefiere narcos a gringos

Es difícil entender por qué Leonidas Iza accede a dialogar con un gobierno al que no le concede la menor legitimidad, ni siquiera para plantear una consulta popular. Lo dice literalmente: “El Gobierno nacional no tiene legitimidad para preguntar nada”. Por lo demás, su postura más recalcitrante corresponde a la pregunta 2, la que tiene que ver con la extradición de los narcotraficantes. Está claro que entre el narcotráfico y los Estados Unidos, él se queda con el narcotráfico. “¿Cuál es el territorio con más demanda del narcotráfico en el mundo? Estados Unidos. ¿Y pretendemos mandar los extraditados a Estados Unidos? ¡Por favor!”.