Directivos universitarios de carreras de Psicología y de gremios de profesionales afines a esta área celebran la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Salud Mental. Pero a la vez aprovechan la coyuntura para exponer una serie de problemas y preocupaciones que están pendientes de solución, o que no han sido incluidos dentro del reglamento posterior.

El promotor principal de la nueva ley, el médico y legislador Marcos Molina, destaca como el mayor mérito de esta nueva normativa que es la primera en este ámbito que tiene el país.

“No hay salud sin salud mental”, reitera Molina, quien recuerda que la pandemia de covid-19 y todo lo que implicó (el encierro por la cuarentena, la muerte de seres queridos o su grave enfermedad, la pérdida de empleo, el temor, la ansiedad y la incertidumbre) agravaron un problema que ha sido tradicionalmente subestimado o invisibilizado: las complicaciones de salud mental.

Cita, por ejemplo, que entre 2014 y 2019 se produjeron 5.300 suicidios en el país. Y que solo en los primeros meses de 2020 ocurrieran otros 977.

Además de inédita, Molina destaca que la ley cambia el modelo de salud ‘del manicomio’ por otro de ‘intersectorialidad’ y acompañamiento familiar y comunitario. Ante un grupo de directivos universitarios y de gremios, ayer expuso algunos de los puntos principales del cuerpo legal. A su vez, estos aportaron con observaciones y sugerencias.

Carla Gangotena, directora de la maestría de Psicología de la Universidad de Portoviejo, pide poner atención a dos sectores. Por un lado, a lo laboral, porque la carga de trabajo y el estrés afectan a la persona y pueden mermar su capacidad productiva; y de igual modo, atender la relación de la persona y su familia.

Ángel Guzñay, directivo de una asociación de orientadores y psicólogos educativos, se refirió a la falta de este tipo de profesionales en las entidades educativas. Dice que si bien la norma dispone que haya uno por cada 450 alumnos, usualmente estos atienden a más de 1.000, lo que les dificulta cumplir bien su labor.

En este mismo campo, otra preocupación es que existe una confusión y falta de delimitación de los roles de cada profesional, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Por ello, es usual creer que un usuario o paciente puede ser atendido indistintamente por un psiquiatra o un psicólogo; e incluso por un psicólogo clínico, ocupacional o educativo, sin distinciones.

Cecilia Bastidas, decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, resalta que la ley es importante para el país. Y propone que las preocupaciones de los diversos sectores sean tratadas en mesas técnicas que trabajen el posterior reglamento, que debe ser presentado en 180 días.