El asesinato de Mariana Granja de 56 años de edad el sábado pasado en Quito por un ciudadano venezolano vuelve la mirada al proyecto de Ley de Movilidad Humana de iniciativa del Ejecutivo y que está en trámite en la Comisión de Relaciones Internacionales. El documento lleva desde junio en la Legislatura sin mayores avances.

Ahora, con lo sucedido, los asambleístas del organismo legislativo ven que el tema debe ser tratado de manera emergente. El vicepresidente de la Mesa, René Yandún (BIN) confirmó que al momento se ha trabajado en el primer capítulo de la propuesta que hace referencia a las introducciones, definiciones, y que hoy 20 de febrero de 2020 iniciarán el trabajo del segundo capítulo que tiene que ver con el sistema de migrantes.

Señaló que, dentro de este capítulo, en el artículo 2 de la propuesta de Ley, se establece el tema de las deportaciones en donde se determina que se harán unipersonales. Yandún, considera que dentro del debate se debe tomar en cuenta legislación comparada como la de Chile, Perú y Bolivia, países donde a todos los extranjeros que han cometido un delito, necesariamente, tienen que ser deportados, sea en flagrancia, inmediatamente, y si están en proceso judicial, deberán ser deportados una vez que hayan recibido sentencia.

El legislador señaló que la creación de la Secretaría del Migrante de iniciativa del anterior Gobierno no trajo ningún beneficio para el control, para el registro, sino que causo un daño y por eso debió desaparecer, porque gastó grandes cantidades de recursos y los resultados no fueron los que se buscaba.

“Lo acontecido este fin de semana con el asesinato de la señora por parte de un ciudadano extranjero, una vez más, grafica lo que estamos viviendo en el país, por ser exageradamente generosos gracias a la Constitución de Montecristi”, sostuvo el legislador Eliseo Azuero (BADI).

Considera que en el tema de deportaciones, en la ley se debe establecer mecanismos de depuración de aquellas personas que ingresan al país sin presentar pasado judicial ni un mínimo de recursos para decir que van a invertir en una actividad productiva.

Además, considera que el ciudadano venezolano que cometió el asesinato debió ser deportado de manera inmediata, sin que de por medio medie la Ley.

Las críticas a la lentitud de la Asamblea de trabajar en este tema, vino ayer del presidente de la República, Lenín Moreno, que pidió al Legislativo celeridad en el tratamiento de la normativa para “expulsar y deportar a extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”. Criterio que le señaló durante la firma del acuerdo de seguridad con 53 municipios.

"Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos. Este tema es prioritario. No hay país con cero delincuencia, es verdad. Pero podemos acercarnos si trabajamos de manera coordinada", sostuvo el mandatario.