Ley de Inteligencia: Polémico proyecto volverá al Pleno sin mayores cambios

La decisión sobre la polémica Ley de Inteligencia queda nuevamente en manos del Pleno de la Asamblea Nacional. La tarde del 7 de junio de 2025, el informe final para el segundo debate fue aprobado en la Comisión de Seguridad con los seis votos de la mayoría oficialista y sus aliados.

En la mesa legislativa se conocieron las observaciones que fueron presentadas en el Pleno el pasado 3 de junio. Ese día, tras el inicio del segundo debate, el Legislativo decidió que el informe regresara a la mesa legislativa para incluir dichas observaciones.

Este 7 de junio, la discusión giró en torno al poder que se le otorgaría al Ejecutivo con dicha normativa, y el correísmo insistió en que esta sería utilizada para perseguir a adversarios políticos. Del otro lado, ADN defendió la propuesta y asambleístas como Andrés Castillo señalaron que esta se enmarca dentro de los parámetros de constitucionalidad.

Una de las críticas en la mesa, por parte de la asambleísta Jahaira Urresta (RC), fue respecto al requerimiento de información a las operadoras de telefonía móvil. “El artículo 51 es uno de los más complejos que tiene esta ley”, señaló Urresta.

¿Qué dice el artículo 51 de la Ley de Inteligencia?

En el informe que pasa al Pleno, este artículo no sufrió mayores modificaciones respecto al documento anterior. En él se lee:

"Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia, los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente ley, la información requerida para el desarrollo de actividades y/u operaciones de inteligencia y contrainteligencia".

Sobre esto, Castillo mencionó que no es lo mismo un proceso judicial que una investigación derivada de acciones de la inteligencia estratégica del Estado.

Entonces habló de la prevalencia de la Constitución, en la que, por ejemplo, se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia física o virtual como un derecho. Así, según Castillo, ninguna información obtenida por inteligencia podrá ser difundida o utilizada para adelantarse a otra cosa que no sea el cometimiento de un crimen o delito.

Finalmente, el informe que regresará al Pleno fue aprobado con seis votos a favor de los legisladores: Inés Alarcón, Andrés Castillo, Camila Cueva, Mario Zambrano, Gema Dueñas y Francisco Cevallos.

Los votos en contra provinieron de la Revolución Ciudadana y Pachakutik. La asambleísta de esta última tienda política, Mariana Yumbay, votó en contra porque no se consideraron sus observaciones, según lo mencionó en la comisión.

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