Daniel Noboa
El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto 21, declaró como prioridad nacional la erradicación del reclutamiento infantil.Flickr Presidencia de la República

Gobierno de Noboa crea comité para erradicar reclutamiento infantil: así funcionará

El Decreto 21 de Daniel Noboa crea un comité interinstitucional para erradicar el uso de menores por grupos armado

En un contexto de creciente violencia y presencia de grupos armados, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo N°21, que declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales.

La medida responde al aumento del involucramiento de menores en actividades delictivas y establece acciones inmediatas para detener este fenómeno que compromete la seguridad y el desarrollo del país. 

Creación de comité

El decreto crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, instancia que estará compuesta por las máximas autoridades de 18 instituciones clave del Estado, incluyendo la Vicepresidencia, los ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Inclusión, Defensa, Mujer y Derechos Humanos, entre otros.

Este comité tendrá funciones específicas como:

  • Diseñar políticas públicas para la erradicación del reclutamiento.
  • Coordinar planes y programas en territorios identificados como prioritarios.
  • Proponer reformas legales y suscribir acuerdos interinstitucionales.
  • Elaborar diagnósticos y estudios técnicos basados en evidencia.
  • Impulsar campañas de sensibilización en las comunidades afectadas.
  • Evaluar los resultados de sus intervenciones y ajustar estrategias.
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Además, se establece que sus actividades deberán ser financiadas con los recursos ya asignados a las instituciones que lo integran, sin generar impacto fiscal adicional, lo que refuerza su aplicabilidad inmediata.

Leyes más duras y castigos severos para reclutadores

El decreto cita también disposiciones legales vigentes que castigan con penas de hasta 16 años de prisión a quienes recluten a menores, especialmente cuando se les obliga a participar en delitos graves como tráfico de drogas, sicariato, trata de personas o terrorismo.

Se subraya la protección integral del menor como principio rector, en línea con la Constitución y tratados internacionales: el interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro interés.

Un enfoque de prevención y articulación territorial

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La normativa también establece que los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil e internacionales podrán articularse con el Comité para maximizar el impacto de las intervenciones.

Durante los primeros seis meses, se realizarán sesiones mensuales ordinarias del Comité, y en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto se convocará su primera sesión para aprobar su reglamento de funcionamiento.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas priorizará la asignación presupuestaria de los programas relacionados con esta política pública, según lo estipula el decreto.

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