Ley Economías Criminales: Correísmo plantea un texto con alternativas al proyecto

El primer debate sobre la ley económica urgente para desarticular las economías criminales en la Asamblea empezó con un anuncio de la Revolución Ciudadana. Este 30 de mayo de 2025, la bancada correísta dijo que presentaría un texto alternativo a la iniciativa.

La asambleísta Jahiren Noriega explicó que, durante las dos últimas semanas, su bloque se había dedicado a construir una propuesta que esperan se tomen en cuenta para el informe del segundo debate. “Estamos preparados para ser una oposición a la altura de lo que necesita el país”, señaló Noriega.

Para el correísmo, a la ley le hacen falta elementos para apoyar al combate real de las economías criminales. “Vamos a entregar todas las observaciones en el Pleno de la Asamblea y esperamos que sean tomadas en cuenta”, indicó Noriega.

¿De qué se trata la propuesta del correísmo?

Noriega explicó que hay tres elementos que plantean para mejorar la ley. El primero tiene que ver con la prevención y el combate al lavado de activos y a las empresas que generan un ecosistema para las economías criminales,

El segundo elemento tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Sobre esto. El legislador Luis Molina señaló que es necesario que se garantice el presupuesto adecuado a la Unidad de Análisis Financiero para prevención y detección de lavado de activos.

En este mismo tema, Molina señaló que es necesario que implementen tecnologías emergentes como el ‘blockchain’ para el mejoramiento de la trazabilidad. “Una de las fuentes del lavado de activos está en el propio sistema financiero”, dijo Molina.

Finalmente, el último factor tiene que ver con el ámbito social. Una de las propuestas del correísmo es que se incluyan mecanismo para enfrentar el reclutamiento de menores y el desplazamiento de personas por el crimen organizado.

¿De qué trata la ley?

El proyecto de ley urgente para desarticular las economías criminales tiene dos ámbitos. El primero tiene que ver con lo económico. Allí se plantea la posibilidad de una especie de crédito tributario a partir de la donación de equipos por parte de las empresas armadas para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En lo penal, el eje propuesto por el proyecto y mantenido por la Comisión de Desarrollo Económico tiene que ver con un régimen penal especial. Entre las propuestas están allanamientos, un plazo para la audiencia de juzgamiento en delitos relacionados con el conflicto armado interno e indultos para policías y militares.

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