No la aprueban. El equipo jurídico de la administración de Guillermo Lasso estudia punto a punto la reforma que modifica la vigente Ley de Comunicación y alista el veto. Esto, por considerar que la reforma carece de lógica y sentido para poder comprender la finalidad de la misma.

Una de las inconsistencias que preocupan al Gobierno Nacional sobre esta reforma, según Marcos Miranda, subsecretario general jurídico de la presidencia, es el articulo 12. En el que detalla que “habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en el ámbito civil o de otra índole”.

Este inciso, según Miranda, no es tácito o claro al decir “otra índole” porque da lugar a un abanico de posibilidades con las que se pueden cometer un sinnúmero de arbitrariedades.

“Cuando se redacta una ley de esta forma, que no es específica, se está vulnerando la seguridad jurídica. Estas deben ser tácitas, estar expresas y fijadas en la ley. Al no definir qué tipo de responsabilidades caería sobre estos actores, se está dejando abierto un abanico de posibilidades”, explica Miranda.

A este vacío legal se suma la censura que promueve el articulo 12 de la reforma, donde se solicita “suprimirse las palabras “u opinión” del artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación en que establece que se entiende por contenido “todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación”. Es decir, con la reforma a este artículo, el contenido sería solo informativo y los medios no tendrían cabida a emitir opinión.

Observaciones que para el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Kleber Chica, “lesiona la libertad de expresión” y, aunque indica que prefiere no llamarla ‘ley mordaza’, sí hace hincapié en que el texto aprobado por la Asamblea “vuelve al pasado”.

Según Chica, se “revive el espíritu” del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) al otorgarle facultades sancionatorias a la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Francisco Rocha, va más allá e indica que esto tiene otro fin. “Hicieron una demostración de la nueva mayoría. No solo es el regreso de la ‘ley mordaza’, es una hoja de ruta”, señaló.

En ese sentido, Rocha explica que además de retornar la autocensura y la judicialización de la prensa, el texto aprobado vaticina la búsqueda de puestos claves en la estructura del Estado ecuatoriano.

“Luego de esta ley irán en busca de las comisiones (de la Asamblea), la fiscal general y del Consejo de Participación Ciudadana”, destacó Rocha. Además, recuerda que el presidente Lasso envió una ley sustitutiva, pero que el informe de minoría lo redujo a reformas a la Ley de Comunicación. “La iniciativa se distorsionó, el presidente debe vetarla”, enfatizó.

• Carlos Macías, vicepresidente de Federación Nacional de Periodistas:  

"El periodista llega a las comunidades y recoge opiniones y criterios de la gente. Entonces, cualquier persona que opine o que tenga un criterio diferente será enjuiciado civil o penalmente por eso. Esperamos que el Gobierno emita un veto total".

• César Ricaurte, director de Fundamedios:

"Esta ley instaura nuevamente un mecanismo, que ya había sido desechado con la reforma de 2018, para sancionar a los medios de comunicación. Esto es peligroso y ya lo vivimos. Solo que ahora agrega a la Defensoría del Pueblo como veedor".

• Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos:

“Hicieron una demostración de la nueva mayoría. No solo es el regreso de la ley mordaza, es una hoja de ruta. Luego de esta ley irán en busca de las comisiones, de la fiscal general y del Consejo de Participación. El presidente debe vetarlo”.

• Kleber Chica, presidente de Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión:

“Nosotros no la hemos calificado como ley mordaza, sino como una que vuelve al pasado. Siempre vamos a estar pendientes de que se respete la libertad de expresión y esta ley tiene asuntos que no son compatibles y lesiona esa libertad”.

Fe de erratas

En la nota original se publicó que de manera errónea el nombre de subsecretario Jurídico de la Presidencia como Marcos Molina, cuando en realidad es Marcos Miranda. Pedimos las disculpas al funcionario y a nuestros lectores.