Debate resucitado. La plusvalía, el impuesto oficialista que deberá debatirse en la Asamblea antes del arranque oficial de la campaña, vuelca a la oposición y a los sectores empresariales a revivir el discurso crítico: señalando deficiencias legales, prometiendo derogaciones y señalando las ensombrecedoras consecuencias ante la previsible aprobación. En mitad del ruidoso coro de voces políticas, un silencio notorio: el candidato oficialista a la delantera en la carrera por Carondelet, Lenín Moreno (Alianza PAIS), no ha aclarado su postura sobre el tema. O si tiene alguna.

La plusvalía, reemplazo inmediato de la corrupción como eje del debate nacional, recibió ayer una ofensiva pública sin precedentes desde junio de 2015, cuando el tema enfrentó en las calles al Gobierno y la oposición en una crisis calmada por la tregua papal de la visita de Francisco al país. Hoy, a las puertas de unas elecciones, el debate renace con tinte electoral.

Y la oposición, tomando nota del silencio de Moreno lo ha emplazado directamente a pronunciarse en una campaña donde los impuestos juegan un rol relevante en el discurso encontrado y las promesas electorales. Pero el cerco político no ha servido. Y el mediático tampoco.

EXPRESO ha consultado de forma reiterada y espaciada al candidato oficialista sobre su postura pública sin recibir respuesta, luego de siete días de revivido el debate. A pesar de que Moreno ha tenido presencia pública en este lapso, donde equipos periodísticos de este Diario lo abordaron sin conseguir aclaraciones, en dos oportunidades, y de que su equipo de comunicación ha recibido peticiones telefónicas y escritas, esta semana, con el mismo fin; la única respuesta que ha llegado a la redacción es la promesa de una respuesta pronta que sigue haciéndose esperar.

Eso explica por qué los candidatos de oposición se han alineado detrás de una nueva bandera de lucha. Ayer, tomando a Guayaquil como sede de la ofensiva contra el proyecto oficialista, los presidenciables Guillermo Lasso (CREO) y Cynthia Viteri (PSC), el alcalde Jaime Nebot, las cámaras empresariales de la producción y la Asociación de Corredores de bienes raíces cerraron filas con el mismo tono: el rechazo.

El alcalde de Guayaquil, que protagonizara la marcha mayor contra el proyecto en 2015, acusó a la iniciativa “no de evitar la especulación, sino la prosperidad” ciudadana. Pese a las críticas, y a no haber descartado marchas la semana anterior cuando se hizo pública la intención del presidente Rafael Correa de revivir el debate, Nebot enterró ayer la posibilidad de ir a las calles: “ellos saben que en diciembre esa manifestación fracasa”, argumentó el líder socialcristiano. “Pero hay otra manifestación que no va a fracasar: el 19 de febrero”.

En la misma línea y con los mismos ejemplos la candidata del PSC Cynthia Viteri retomó su rechazo al proyecto. La presidenciable acusó al Gobierno de preparar una ley que generará “mayor desempleo” y que afectará “a planes de interés social”, citando las construcciones municipales de $ 40 mil. Viteri, que levanta una campaña en base a reuniones sectoriales, reforzó su postura pública luego de una cita con representantes de la construcción y bienes raíces, una industria descrita por la candidata como “semiparalizada” desde que Correa anunciara la iniciativa, hace más de un año.

En los cuarteles de campaña de CREO, donde Guillermo Lasso se reunió ayer con sus aliados para discutir este entre otros temas (como el apoyo partidista a las marchas ciudadanas que se convoquen), la plusvalía tuvo igual rechazo, pero menor valoración. Aunque la postura de Lasso es claramente contraria al proyecto (“será un severo golpe a la economía de las familias”), su lectura política apunta a la popular teoría de la cortina de humo: “quieren usarlo como un chinesco para distraer a los niños”, dijo. El candidato, enfocado en las últimas semanas y de forma exclusiva a las promesas de empleo y los señalamientos a la corrupción de funcionarios gubernamentales, acusó al presidente Correa, directamente, de remitir la ley de plusvalía “para que los ecuatorianos no sigamos hablando de la corrupción, que aparece prácticamente todos los días”.

Sea cual fuere el fin, los empresarios no han escatimado señales de alarma. Durante la reunión de las principales cámaras del país, los representantes gremiales catalogaron al proyecto como “un duro golpe”, una forma de “estigmatizar el esfuerzo individual”. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, manifestó su desacuerdo en el manejo de información privilegiada para la especulación de tierras, pero “de ahí a intentar corregir estos problemas con impuestos confiscatorios existe una gran brecha... estamos pagando justos por pecadores”.

Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, instó al Gobierno a denunciar a las personas que especulan con el valor de la tierra si conocen los nombres.

Ninguno de los titulares reunidos ayer en Guayaquil llamó a marchas o plantones, pero reconocieron el derecho de los ciudadanos a hacerlo.