Poder sin legitimidad

El ejercicio del poder, a medida que crece, genera una sensación de dominio del Estado sobre la sociedad.

Y ese poder puede conservarse, y legitimarse, si va de menos a más y si los factores que lo hicieron posible permanecen con la misma intensidad y fortaleza.

Este Gobierno, a más de haber surgido en un espacio de crisis del sistema de partidos y de una ostensible falta de credibilidad de sus liderazgos, consolidó su imagen y alcanzó niveles importantes de aprobación ciudadana gracias a la bonanza petrolera, al enorme incremento presupuestario como efecto de ella, y a la ampliación sin precedentes del gasto oficial.

Los recursos empleados en una apoteósica obra pública, en programas de política social de corte asistencial y generoso, y en proyectos que anunciaban la generación de fuentes de riqueza, propias y no dependientes de ningún aporte externo, hicieron suponer, a gran parte de la opinión pública, que se abrían para el país perspectivas reales de desarrollo y bienestar.

Trepada en ese escenario, la “revolución ciudadana” dio por descontada una facultad sin límites para dirigir los destinos del país. Dejó a un lado su oferta de restituirle al pueblo la democracia y las posibilidades de una efectiva participación, se olvidó de que uno de los requisitos irrenunciables para el republicanismo verdadero era la separación de funciones, y se concentró en administrar, sin control, fiscalización, ni supervisión alguna, la sorprendente e inesperada riqueza. Y cuando alguien quiso manifestarse en contra de esa forma excluyente de gobernar, se volcó con todo para acusar y perseguir a quienes calificó de “enemigos” y “traidores”.

De pronto el castillo se le derrumbó, el precio del crudo se vino abajo, la ineficacia oficial se convirtió en certeza y lo que hasta entonces se había reflejado en el rostro presumido, confiado y hasta relativamente risueño del mandatario, se trocó en primario y agresivo gesto.

El terremoto se encargó luego de poner este drama a la vista, en blanco y negro.

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