Seis años es un tiempo suficiente para que la investigación por la preventa petrolera arroje algún resultado. Pero dentro de la Fiscalía, los procesos han avanzado a paso lento.

Frente a esta realidad, 11 legisladores solicitaron a la fiscal general Diana Salazar que dé celeridad a los casos.

“Señora fiscal general, en nuestras calidades de asambleístas de la República del Ecuador, sin que eso signifique interferencia alguna al ejercicio rector investigativo que le corresponde a su autoridad, es importante que en estos aciagos momentos que el país está atravesando por el embate de la corrupción, levantemos de manera conjunta el rescate del patrimonio nacional, que inmoralmente ha sido sustraído por malos ciudadanos”.

El informe que redactó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea concluye que el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia terminó en manos de Gunvor, a través de las intermediarias Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping, Gunvor S.A. y Castor Petroleum. Compañías relacionadas con Enrique Cadena Marín.

“En Ecuador, los representantes de Gunvor son el estudio jurídico Bustamante & Bustamante, que además tiene relación con Taurus Petroleum, pues Bayardo Poveda, abogado de ese estudio, endosaba los conocimientos de embarque de Petroecuador -Petrochina a nombre de Taurus Petroleum”.

Los legisladores, entre estos, Fernando Villavicencio, Pedro Velasco, Sofía Sánchez, Ricardo Vanegas, Consuelo Vega y Gisella Molina, le recuerdan también a la fiscal que esa firma estaría vinculada con Rafael Poveda, exministro coordinador de Sectores Estratégicos del régimen correísta. 

• 1 dólar por cada barril de petróleo dado en preventa habría ido a intermediarios y de allí salieron las coimas.