“Mi proceder como funcionario siempre ha sido correcto”

Con respecto a la nota “Otro caso de corrupción que se detecta en el extranjero”, publicada el martes 10 de julio, primero debo enfatizar que colaboro en todo momento con la justicia para que los hechos de cualquier índole se investiguen de manera seria y responsable, siempre con la frente en alto y la conciencia tranquila.

Sobre el caso INASSA, por los hechos que hasta ahora se conocen, las autoridades colombianas han impuesto una multa a esta campañía por “haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos entre los años 2016 y 2017”, sin especificar instituciones, nombres o algún otro dato en particular. Sin embargo, en la nota se vinculan estas malas prácticas con Senagua, emitiendo y adelantando un juicio de valor malicioso sin el debido sustento, además omitiendo algo fundamental: esta compañía también es la principal accionista de Amagua, que da el servicio de agua potable al cantón Samborondón con el 70 % de las acciones, contrato vigente hasta la fecha, sin perjuicio de que hayan tenido o mantengan contratos con otras instituciones públicas del país.

En lo que a mí concierne, ejercí el cargo de secretario nacional del Agua hasta mayo de 2016, no suscribí contrato alguno con la compañía mencionada. En la práctica de la ética y transparencia, no existe razón para que esta o cualquier otra compañía tenga que ofrecer o pagar a funcionarios para realizar el trabajo que corresponde. Por supuesto, de haber detectado alguna irregularidad la habría denunciado inmediatamente. Bajo este contexto, ¿por qué se me nombra y se pretende relacionarme con estos hechos con el único ‘hallazgo’ de haberme desempeñado como secretario del Agua hasta mayo del 2016?

Sobre las investigaciones a cargo de la Fiscalía que se citan en su nota, nuevamente se busca construir un marco de duda en mi contra. Estas investigaciones han sido una oportunidad para demostrar una vez más que mi proceder como funcionario y como ciudadano siempre ha sido correcto. Además debo puntualizar -como lo he repetido hasta la saciedad- que la investigación por presunto ‘enriquecimiento ilícito’ producto de un informe de la Contraloría no consiste en justificar un patrimonio de $ 400.000, sino de movimientos bancarios totalmente lícitos provenientes de la actividad económica privada familiar en un periodo de 6 años, como lo estamos demostrando ante las autoridades respectivas.

Carlos Bernal Alvarado