“Dime donde te dejo el cadaver de tu esposo”

Hace dos meses perdió la vida uno de los dos jueces de San Lorenzo. Sigue trabajando en la unidad judicial del cantón fronterizo, pero ya no puede más con una existencia aislada, limitada e invadida. “Tienen que sacarnos de aquí o estoy dispuesto a renunciar y marcharme con mi familia. Es una ciudad muy peligrosa”, apremia a sus superiores. Ser juez en la frontera con Colombia debería ser -propone- un cometido itinerante.

La vida, modesta pero tranquila, que tenía en San Lorenzo desde que fue destinado en 2015, desapareció en marzo cuando la esposa del juez recibió una llamada que la dejó congelada: “Patrona, dime dónde quieres que te deje el cadáver de tu esposo”. La mujer le llamó inmediatamente, pero el alivio de descubrir que no había sido asesinado duró tan poco como lo que tardó en comprender que su vida dependería en adelante de una escolta policial que le acompañaría hasta para hacer la compra y de adoptar innumerables medidas de precaución.

Conteste a todas las llamadas, incluso de números desconocidos, pero no devuelva ninguna. Instale un sistema de grabación de todas las llamadas. Oscurezca los vidrios de su vehículo. Si alguien le apunta con un arma mientras conduce, no pare, acelere. Si algún carro se le cruza y le cierra el paso, tíresele encima pero no pare. Cambie todos los días su ruta de casa al trabajo (imposible en un pueblo con una sola calle principal). Permanezca en casa el mayor tiempo posible y si va a salir, avise con 15 minutos de antelación a la escolta policial.

Ya no va a ningún lugar sin la custodia de cuatro policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), no maneja su carro y ha restringido sus salidas a las mínimas necesarias.

El juez de San Lorenzo, que ha preferido que su nombre no aparezca junto al relato de sus penurias diarias, ha relatado a EXPRESO cómo es vivir sabiéndose un blanco fácil de un enemigo invisible. “Yo no he recibido ninguna llamada pidiéndome algo, que falle a favor o en contra de alguien. No sé exactamente ante quién me enfrento”, explica. Pero la llamada a su esposa fue un aviso. Infundió a su familia un clima de ansiedad y miedo que ha disparado sus afecciones de salud: se le ha subido la presión y el azúcar y ha tenido episodios de colitis. “Todo, dice mi médico, se asocia con un cuadro de estrés”. Porque hasta ir al médico es una expedición de riesgo. El camino desde San Lorenzo a Ibarra, donde va a consulta, pasa por zona montañosa en la que se produjeron ataques a un tanquero de agua de la Policía y a una patrulla. Estar en San Lorenzo es asfixiante y salir de él, turbador. La esposa del juez, comenta él, vive en un estado permanente de pánico.

Su hija de cinco años va a la escuela solo como oyente. La mujer decidió no matricularla este año con la esperanza de mudarse en algún momento y de que la menor no esté tan localizable. “Tomé unos días de vacaciones tras la llamada y, al volver, mi esposa se dio cuenta un día de que había un hombre a la entrada del negocio que ella tenía haciéndole fotos a la niña”, cuenta con un tono de voz calmo, pero apesadumbrado. Entonces cerraron el local que le había dado a la mujer un quehacer en un pueblo pequeño donde no hay muchas opciones de trabajo ni de ocio. En ese momento, retiraron la protección del programa de Víctimas y Testigos asignado a la mujer y ahora ella solo pasa el día metida en casa.

“Ya nadie se me acerca a conversar, todo el mundo nos mira porque vamos acompañados de cuatro policías con pistolas y con fusiles”, se lamenta el juez por la falta de intimidad. “Antes íbamos a un río los domingos para lavar el coche y bañarnos, ahora ya no lo hacemos porque es incómodo que estén ahí mirando”, detalla. Aún así, sabe que tiene seguridad gracias al resguardo policial y a las medidas de protección personalizadas que se desplegaron. Lo que le agobia es la pérdida de libertad y de intimidad. Su trabajo, dice, también se ha visto afectado por la dificultad para concentrarse. Antes era capaz de resolver 3 o 4 causas al día. Ha bajado su producción y su calidad. Pero vivir bajo amenazas, no ha influido en sus decisiones judiciales. “Se siente temor al decidir, pero en el momento en que no me vea capaz de hacer mi trabajo por miedo, me dedicaré a otra cosa”, sentencia en un arranque de valentía. Quiere irse de San Lorenzo, pero mientras esté, seguirá siendo juez.

Un proceso contra los tres de Guacho

Tres detenidos como presuntos aliados de Walter Arizala, alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra, fueron procesados en las últimas semanas en la unidad judicial de San Lorenzo en la que trabaja el juez amenazado. Él participó en el proceso. Llevar a una unidad especializada las causas por delincuencia organizada aliviará el riesgo de los jueces en áreas conflictivas.