Una justicia sin permiso
Hace 5 años el complejo judicial de la Florida Norte atiende sin autorización de Bomberos.
Desde su creación, la Unidad de la Florida Norte, el recinto judicial más grande del país, atiende sin permiso de funcionamiento, pero su clausura se hace imposible.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (CBG) confirmó a EXPRESO que la entidad judicial “inició su construcción y posterior ocupación sin haber obtenido las disposiciones técnicas de seguridad contra incendios. Debido al incumplimiento de las medidas de seguridad recomendadas para dicho proyecto, no han obtenido el permiso de funcionamiento, certificado de inspección final, ni permiso de ocupación que emite esta benemérita institución hasta la actualidad”. El pasado 12 de agosto, este Diario publicó las fallas que presenta la edificación, particularmente las escaleras exteriores, lo que ha generado una investigación interna por parte del actual Consejo de la Judicatura transitorio (CJ).
El complejo inició su construcción en 2012 con un costo superior a los 77 millones de dólares, según lo expuso el expresidente del organismo, Gustavo Jalkh, durante su inauguración. Cuenta con un total de once torres, ocho de ellas de servicios jurisdiccionales, dos para estacionamientos y una para acceso general. En 2013 fue inaugurado sin obtener los permisos de funcionamiento y habilitación. Dos años después, se inició la construcción de las escaleras de emergencia, cuya obra está paralizada.
Según el CBG, en varias ocasiones han enviado comunicaciones exigiendo el cumplimiento de la totalidad de las disposiciones técnicas, entre las que consta la implementación de esas gradas, a las autoridades pertinentes, para el debido cumplimiento de la normativa. “La implementación de las escaleras es responsabilidad del área técnica encargada de la construcción de las mismas, sin embargo, al no estar “conectadas” a los edificios no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas”.
Pero, advierte que no han procedido a la clausura del complejo, por cuanto la Constitución de la República dispone la no paralización de los servicios públicos, entre ellos el de justicia.
EXPRESO extendió las mismas inquietudes al Municipio de Guayaquil para conocer qué observaciones han hecho al respecto. Hasta la presente publicación no recibimos ninguna respuesta.
Juan Vizueta, director general del CJ, reveló que la contratación para la instalación e implementación del sistema contra incendio en la Florida se realizó en 2015, durante el período de Jalkh. Esto, por un valor de 2’353.431,33 dólares, con la compañía Conecuakor C.E.M.
El 8 de junio de 2016, el CJ hizo un anticipo de 1’176.710,66, lo que correspondía al 50 % del monto del contrato. Se fijó un plazo contractual de doce meses, contados desde la fecha de acreditación del adelanto económico.
No obstante, en una fiscalización realizada en abril de este año, la Judicatura detectó que la obra no llega sino al 28 %. Lo “curioso” en el tema, dice Vizueta, es que se han generado tres suspensiones.
La primera, en junio de 2016, “porque no estaban reguralizados los planos del complejo judicial, no existían”. La obra reinició en octubre del mismo año, tras superar el tema. La última suspensión se dio en febrero pasado.
Por tratarse de una empresa pública, la contratista no estuvo obligada a presentar una garantía, como constaba en el contrato, por lo que la Judicatura ha solicitado el informe respectivo a efectos de tomar una decisión que sería la terminación unilateral del contrato o una terminación de mutuo acuerdo.
“Se está buscando generar una salida alternativa emergente, al tratarse de un sistema contra incendios y no quisiéramos enfrentar alguna crisis que se pueda presentar en algunas de las edificaciones”, advierte Vizueta.
Lo que no se puede entender hasta ahora son las razones por las que las escaleras no llegaron a conectarse con las edificaciones. Eso, según el funcionario, ha sido una de las causas que llevaron a imponer las multas y a paralizar la obra. Y, más allá de eso, la Judicatura ha emprendido una auditoría interna por una presunta sobrevaluación de la obra, al conocer que la compañía habría generado una subcontratación con otra empresa. Según los resultados, se pedirá la intervención de la Contraloría General del Estado.
Rediseño y falta de presupuesto
Nelson Perugachi, representante legal de la compañía Conecuakor, asegura que la obra está suspendida por cuanto existen rubros nuevos y excedentes de obra que están aceptados por la contratante. Estos deben ser tramitados a través de un contrato complementario que, por motivos de presupuesto de la entidad, no se han logrado tramitar aún.
Explica que, según los procedimientos de la Ley de Contratación Pública, si no existen los contratos complementarios no se deben ejecutar trabajos no contemplados en el contrato principal.
Asegura que la contratista no ha incurrido en retrasos en la obra, y que esta ha sido suspendida por motivos de rediseños y falta de presupuesto. “Hemos sido invitados por la entidad contratante para encontrar las soluciones, que pasan por la consecución de presupuestos y firma de un contrato complementario que habilite continuar con la intervención de los edificios”, y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
